Arnoldo Hernández Santillán/Quadratín Jalisco
GUADALAJARA, Jal., 18 de marzo de 2016.- Las fracciones parlamentarias en el recinto legislativo “sacaron” la ley Uber de manera unánime en lo general, pero con algunas reservas en la revisión artículo por artículo.
En las propuestas aprobadas en el pleno del Congreso del Estado para la operación de empresas de redes de transportes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se acordó que se eliminen las restricciones para tomar o dejar pasaje en lugares donde existan sitios de taxis autorizados, una vigencia no mayor a cinco años de antigüedad de la unidad, así como un plazo no mayor de ocho años de servicio por automóvil.
Asimismo, los concesionarios, permisionarios, sujetos de autorización y subrogatarios del servicio público de transporte, deberán obtener y conservar vigencia en la constancia o póliza de seguro de cobertura amplia, de acuerdo con la reglamentación. En caso de no cumplirse la validez de la póliza, los responsables serán quienes funjan como las figuras antes mencionadas, así como las empresas de redes de transportes a las que están afiliados. Lo anterior, por un monto igual a las sumas que especifica el contrato del seguro.
También se acordó no limitar el número de unidades, así como que las modalidades de pago queden conforme a lo acordado por usuarios y las empresas. Además de no regular los precios, es decir, continuaría la operación de las tarifas dinámicas. En este sentido, quedaría abierta la posibilidad de que las empresas de redes de transporte accedan al cobro en efectivo, mientras que los taxis migren al cobro electrónico.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad (Semov) deberá registrar a las empresas de redes de transportes y éstas tendrán que cumplir con los requisitos de identificación y constitución de sociedades mercantiles. En este orden de ideas, la empresas tendrán la obligación de pagar 35 mil pesos para su registro, mientras que los autos deberán liquidar un monto de mil 600 pesos anuales. Además, se asentó un enunciado para que se pague el 1.5 por ciento en cada viaje que iría para un fondo verde; en el caso de los taxis no se contempla esta situación, aunque algunas fracciones buscarían homologar esta directriz.