#FueroNoJuicioSí/Kumamoto

El 23 de septiembre del 2010 Julio César Godoy Toscano tomó protesta como diputado federal para gozar del fuero. Él tenía una orden de aprehensión por su posible responsabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico, a la fecha, no ha pisado ni un juzgado penal ni mucho menos la cárcel. No podemos mantener figuras que se utilizan para evadir a la justicia y que pone a la clase política por encima de la población. No debemos normalizar la desigualdad.

Julio César Godoy Toscano no sólo era diputado federal electo sino también hermano de un gobernador en funciones. Las y los diputados de aquella legislatura tomaron protesta de alguien con una orden de aprehensión sin importar el operativo federal afuera del recinto. No podemos seguir creyendo que la persecución o venganza política son motivos para mantener esta figura, todo lo contrario, las y los políticos se han encargado de que sea una vía de acceso a la impunidad.  Este caso no es el único. ¿Cuántos Emilios González, Duartes y Bejaranos necesitamos para decir ya basta? La respuesta debe ser ni uno más.

Es necesario cambiar la relación de los políticos frente a la justicia y frente a la ciudadanía; ¿cuál ha sido el papel de la clase política para sancionarlos y destituirlos? La respuesta es que ha sido nulo. ¿No debemos exigir que quienes omiten sus obligaciones de acusación y sanción sean igualmente responsables?

Iniciativas como la ley 3 de 3 intentan acotar y regular las prácticas gubernamentales que atentan contra nuestros intereses fundamentales. Sin embargo, regular el conflicto de interés y las otras formas de corrupción es sólo una parte. Debemos pensar en las consecuencias de estos actos. El enriquecimiento ilícito y el peculado (entre otras) no son solamente motivos de responsabilidad administrativa sino penal. ¿Pero cómo llevar a prisión a personajes que gozan del fuero constitucional? O peor aún, ¿cómo llevar en su contra un juicio político si en lo federal y lo local no se llevan esos procesos? –La clase política “juzgando” a la clase política-.

Hoy en día una persona puede denunciar a otra, y si ratifica su denuncia se va a iniciar una averiguación previa. La persona denunciada puede ser detenida, interrogada y hasta encarcelada sin ninguna otra explicación que la impunidad y la corrupción. Sabemos que nuestras instituciones de justicia tienen deficiencias enormes, desde un estándar de prueba bajísimo para investigar y sentenciar, la corrupción y hasta la falta de recursos para hacer su trabajo. Pero estas condiciones deben cambiar. Si la preocupación de la clase política es someterse a esto pues que cambien lo que debe ser cambiado.

Demos la bienvenida a la clase política a la realidad. La impunidad que todos los días cualquier persona en nuestro país, que lo mismo encarcela arbitrariamente que desaparece a 43 estudiantes. Esto sucede en gran medida porque existen pocos incentivos para el cambio. Si bien es cierto que el nuevo sistema de justicia penal está mejorando en cuanto a la presunción de inocencia, seguimos viviendo una realidad de corrupción, investigaciones amañadas e impunidad.

Si somos capaces de eliminar el fuero, la clase política vivirá la realidad que todos experimentamos a diario Y daremos estímulos a las y los diputados, presidente, las y los gobernadores, las y los magistrados para cambiar las malas prácticas, la calidad de las investigaciones, la posibilidad de capturar a quien realmente comete un ilícito y en general las condiciones del sistema de justicia mexicano. El cambio necesita de reformas constitucionales en principio y cerrar las puertas al fuero en la legislación secundaria; no es sencillo. Basta de fiscales y procuradurías impuestas por los propios gobiernos que después no podrán investigar. Es necesaria la presión de la sociedad civil y la participación de académicas y académicos.

Tenemos que pensar que actualmente quien denuncia a un servidor público y pide su juicio político debe pasar por un proceso tortuoso y que muchas veces atenta contra los derechos humanos de denunciantes y denunciados. Ni la persona denunciada tiene la certeza jurídica que se investigará rigurosamente su denuncia o que esta conduzca a una acusación, pero tampoco la persona denunciada tiene certeza de la imparcialidad de quienes le juzgan, lo mismo puede ser juzgado entre amigos que entre enemigos políticos.

Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, que se hayan creado posteriormente a los hechos denunciados y que además no sean imparciales. Nos preguntamos entonces por qué los congresos locales se convierten en cortes de justicia si su naturaleza no es esa. Hoy los juicios políticos consisten en la clase política que se juzga a sí misma, amigos perdonando amigos. Además, los filtros para designar a un caso como juicio político muchas veces no tienen una investigación rigurosa.

¿Por qué dejar la justicia sólo en manos de los políticos? Porque es cierto que el Poder Judicial también tiene un componente político que debemos atender: en la manera que se eligen a magistrados y ministros de las cortes más superiores, que debemos instaurar el servicio judicial de carrera por méritos y concursos de oposición pero también es cierto que debemos avanzar a un juicio político más justo pero sobre todo ciudadano.

Lo que hemos propuesto en Jalisco es que las personas intervengan en el juicio político no solamente como denunciantes, sino como sujetos activos en la investigación y la acusación. Propusimos que, una vez que la denuncia se presenta ante el congreso esta pase a una Comisión Especial Mixta que se encargará de investigar y formular una acusación. Esta comisión estará integrada por la Comisión de Responsabilidades pero también por 5 académicos y 5 personas que vengan de la sociedad.

El acceso a la justicia, los derechos humanos y la rendición de cuentas no son un privilegio, es el mínimo indispensable para vivir dignamente, tomémoslo por asalto.