
Inaugura Vero Delgadillo taller para actualizar programa anticorrupción
Vivimos en uno de los países más desiguales de América Latina. De acuerdo con OXFAM hay 53.3 millones de personas viviendo en pobreza en el país. La población indígena tiene una tasa de pobreza cuatro veces mayor a la general. El 38 por ciento de la población hablante indígena vive en extrema pobreza, es decir, tres de cuatro hablantes de lengua indígena son pobres.
El respeto y el fortalecimiento de los derechos de las comunidades representan un instrumento eficaz para frenar el avance vertiginoso de la desigualdad. Los derechos de las comunidades indígenas han sido violentados por años. Actualmente experimentan el despojo de sus recursos naturales y de sus lugares sagrados.
Por dar uno de varios ejemplos que podría mencionar, a pesar del convenio Hauxa Manaka que promovió el Congreso del estado en 2008 en el que participaron el Gobierno Federal, el de Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Durango, en 2015 el propio Gobierno Federal otorgó el permiso para la construcción de desarrollos turísticos en la Isla del Rey protegida por el mismo convenio. Para los wixaritari (huicholes) la Isla del Rey es un lugar sagrado al que llaman Tatei Haramara (nuestra diosa madre mar). De acuerdo a su cosmovisión, en ese lugar se originó el mundo, el universo y la vida propia de la comunidad wixárika. El acceso y el respeto a Tatei Haramara le permiten al pueblo wixárika refrendar su compromiso y su relación con sus dioses para mantener fuerza en sus raíces culturales.
¿Qué pasaría si el Gobierno ordena privatizar la Catedral de Guadalajara o La Minerva?, ¿cuál sería nuestra reacción? Sin duda, saldríamos a las calles para exigir y defender los lugares que son importantes para nuestra cultura, que forman parte de nuestras tradiciones y que por derecho, tendrían que ser respetados. Una de las maneras prácticas de fortalecer los derechos de los pueblos originarios es la empatía intercultural: ponernos en los zapatos de los otros.
Los pueblos indígenas del estado de Jalisco son reconocidos por la ley como sujetos de interés público. Esto implica que la atención a comunidades indígenas dependa de la tutela de los gobernantes del estado, de las buenas voluntades de los políticos y que instancias externas y ajenas tomen decisiones por ellos.
La modificación a la ley implicará reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Esto significa que los pueblos originarios puedan decidir por ellos mismos sus propios procesos de desarrollo. En pocas palabras, tendrían los mismos derechos que los mestizos tenemos.
Con esta modificación, las comunidades tendrían derecho a la posesión de las tierras que ocupan tradicionalmente, a la práctica de sus sistemas normativos, a interactuar y acceder a diferentes niveles de representación política y al respeto a sus valores sociales, religiosos y culturales. De tal manera que los gobiernos no sólo deberán de consultar a los pueblos indígenas, sino que también estarían obligados a adaptar leyes, políticas y programas que ayuden a fortalecer y respetar a las culturas indígenas a partir de la participación activa de las comunidades en la formulación de leyes y programas nacionales.
El reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho puede enriquecernos como sociedad multicultural y diversa, puede poner al estado de Jalisco como una entidad de vanguardia democrática.
Referencias : http://cambialasreglas.org/images/desigualdadextrema_informe.pdf
*Fela Pelayo es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Jalisco.