Poca responsabilidad de candidatos obliga a regular promesas de campaña

GUADALAJARA, Jal., 18 de febrero de 2017.- De acuerdo con Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información Pública de Jalisco, es necesario regular las promesas de campaña, ya que un político puede pronunciar discursos distintos ante auditorios diferentes; lo que abarata las campañas y permite que se prometa lo que sea, sin un documento oficial que lo responsabilice de manera que se le pueda pedir cuentas después.

Durante su participación en el Foro Legalidad, Transparencia y Participación Ciudadana para Fortalecer la Democracia, Romero Espinosa lamentó que no se obligue registrar de manera transparente las propuestas de campaña, no hay forma para que el ciudadano sepa cuáles son en concreto.

Por su parte, Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especial en materia de delitos electorales, explicó que a veces se denuncian compras de votos en un municipio, pero es prácticamente imposible perseguir un delito con esos datos porque se desconocen las circunstancias elementales del tiempo en que ocurrió, modo y lugar, además de quién lo hizo, cómo y por qué.

«La democracia enfrenta grandes desafíos y es cuestionada en México y en el mundo porque no genera representación política para los ciudadanos que contribuya en la solución de problemas sociales», Mario Alberto Ramos González, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado.

Mediante un comunicado de prensa, se aclaró que el régimen político ha evolucionado de manera positiva en torno a la democracia, porque hay esfuerzos para que el voto ciudadano sea tomado en cuenta y respetado, además de organismos autónomos cuya tarea es garantizar elecciones libres.

Subrayó que no puede caerse en el extremo de menospreciar los avances en la democracia, pero reconoció que hay encuestas que reportan que las instituciones del sistema político tienen bajo índice de aprobación entre la sociedad.

Agregó que hay hartazgo en la gente ante las instituciones políticas y públicas, lo que se refleja en el abstencionismo en las elecciones, que alcanza 60 por ciento del total para gubernaturas o presidencia de la república.