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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre de 2018.- Nissan Motor destituyó a su presidente Carlos Ghosn tras su detención hace tres días por haber cometido una serie de irregularidades relacionadas con sus declaraciones de ingresos al fisco, marcando un abrupto final a sus casi dos décadas al frente de la compañía japonesa.
Durante una reunión que se prolongó unas cuatro horas, la junta directiva de la empresa votó por unanimidad despedir a Ghosn y a su director representativo, Greg Kelly, informó Nissan Motor en un comunicado divulgado por la agencia japonesa de noticias Kyodo.
La decisión, que deberá ser ratificada por los accionistas del segundo mayor fabricante japonés de vehículos, pone fin al liderazgo que Ghosn ejerció durante casi 20 años en Nissan, un cargo que compaginó con la presidencia de Renault y de Mitsubishi y como máximo responsable de la alianza formada por estas tres empresas.
La salida del director franco-brasileño fue decidida por los miembros de la junta directiva, de la que forma parte el propio Ghosn y Kelly, durante una reunión extraordinaria convocada en la sede de Nissan Motor en Yokohama, en el sur de Tokio, según la cadena estatal NHK.
La cúpula directiva, además, confirmó que su alianza con Renault “permanecerá intacta” y destacó la necesidad de “minimizar el potencial impacto y la confusión en la cooperación diaria entre sus integrantes”, según el comunicado.
La japonesa Mitsubishi también ha confirmado que destituirá a Ghosn como presidente y el gobierno francés, accionista de Renault con el 15 por ciento de las acciones, advirtió el martes pasado que el directivo “no está en condiciones” de continuar en la presidencia de la compañía.
Ghosn y Kelly permanecen bajo arresto en la capital japonesa, donde han sido objeto de una investigación de la Fiscalía de Tokio después de que su propia empresa condujera otra interna y detectara irregularidades y “malas conductas” por parte del franco-brasileño.
Según Nissan, las irregularidades cometidas por Ghosn incluyen declarar unos ingresos menores a los percibidos durante muchos años, usar en beneficio propio capitales de inversión de la compañía “bajo falsos pretextos” y utilizar fondos empresariales para cubrir personales.
Bajo las leyes japonesas, ambos pueden ser detenidos durante 20 días por un posible cargo sin una imputación oficial, si bien se les pueden hacer cargos adicionales resultando en detenciones más largas.
De ser condenados, la pena máxima por fraude financiero y violación de las leyes comerciales es de 10 años en prisión, una multa de 10 millones de yenes (unos 89 mil dólares) o ambas.