De acuerdo a información de un comunicado, el punto de acuerdo indica que el pasado 15 de junio de 2015, durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se aprobó dicha Convención, que representa el primer instrumento regional para la promoción, protección, reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.
Lo anterior, debido a que entre los grandes cambios demográficos experimentados en México durante el Siglo XX, además de la estructura por edad y sexo de la población, destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico, y que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población de edades avanzadas.
El documento refiere que el número adultos mayores se duplicó en México en menos de un cuarto de siglo, pues en 1990 este grupo de edad sólo incluía a cinco millones de personas, y para 2025 y 2050, se estima que aumente a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente.
En este sentido, se precisa que en nuestro país actualmente hay 11.7 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa 9.7 por ciento de la población total.
Los senadores subrayan que es fundamental la suscripción de este Convenio, pues las personas mayores son uno de los grupos que, en función de sus características o necesidades específicas, se encuentran en una posición social de vulnerabilidad en relación con el disfrute de sus derechos humanos.
La realidad cotidiana de muchos adultos mayores está marcada por la violencia, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el maltrato, el abandono, la discriminación, y tienen un acceso limitado a los servicios sociales y de salud, a la información y a la protección legal.
Por lo tanto, se requiere regular sus derechos mediante un instrumento internacional, de tal forma que se puedan poner a su disposición todos los recursos disponibles a nivel judicial para reclamar sus derechos, así como crear un nuevo paradigma no discriminatorio que guíe a las políticas de Estado.
Asimismo se promoverá el diseño e implementación de políticas sobre el envejecimiento, basadas en un enfoque de derechos humanos, se dotará de una mayor visibilidad a estos grupos, tanto en el debate social como en la agenda de la acción gubernamental.
Las personas a medida que envejecen, deben seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades, puntualiza la propuesta.
El documento se envió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
