A través de una propuesta de punto de acuerdo a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara de Diputados pidió al titular del Ejecutivo Federal asumir su responsabilidad en el caso y remover a Castillo para ser investigado.
La fiscalización de los recursos –dijo– debe incluir un informe detallado de Castillo Cervantes sobre los gastos ejercidos para y durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, así como el número, nombre y función de deportistas, servidores públicos, terapeutas, médicos y demás personal calificado asistente a la ciudad brasileña.
Además de la investigación a cargo de la Secretaría de la Función Pública y la destitución de Castillo por parte del Presidente de la República, Ortega Álvarez pidió que, por conducto de la Cámara de Diputados, el funcionario explique a la ciudadanía cómo se ejercen los más de dos mil millones de pesos a su cargo, cuáles son sus resultados y cuántos objetivos ha cumplido.
En la argumentación de su propuesta, el también dirigente del PRD en el Estado de México cuestionó el nombramiento de Castillo al frente de la Conade, pues su historia como servidor público tanto en esa entidad como en la Federación no es la de un funcionario eficiente y efectivo para los intereses de la ciudadanía.
A su paso por la Procuraduría de Justicia del Estado de México, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, por ejemplo, sólo ha destacado por su servilismo al entonces gobernador y ahora presidente de la República, pero no por justicia a las víctimas, defensa de los consumidores o la seguridad y el desarrollo de Michoacán.
Por el contrario, en dicho estado fue incluso denunciado por violaciones graves a los Derechos Humanos de dirigentes sociales -como el líder de autodefensas José Manuel Mireles- y por contribuir a la generación de más violencia, como en la masacre en Apatzingán el 6 de enero de 2015.
“Sin experiencia en el campo, sin resultados positivos en alguno de sus anteriores cargos como funcionario público, Alfredo Castillo llegó a la Conade para desempeñar un patético papel que ha sido exhibido por el mismo a nivel nacional e internacional”, puntualizó Ortega.
Ahora son los atletas, medios de comunicación, empresas y hasta grupos deportivos nacionales e internacionales de dudosa reputación quienes lo denuncian porque la Comisión a su cargo ni siquiera aportó uniformes para muchos deportistas, pero sí recursos para el viaje y estadía de su pareja sentimental, amigos y otros funcionarios –todos ellos innecesarios– en Río de Janeiro.
“La incompetencia y el poco profesionalismo que existe en los cargos públicos en todos los niveles de gobierno son una ofensa para la ciudadanía que, con sus impuestos, paga los sueldos exorbitantes de personas que, como ésta, en lugar de servirle, se sirven a sí mismos”, señaló el parlamentario perredista.
Apuntó que se requiere otra clase de funcionario, una clase que entienda que el deporte –como lo dice la Organización de Naciones Unidas– “es un instrumento único y poderoso para la promoción de la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, “una fuerza impulsora del cambio social positivo” y “una herramienta para la paz y el desarrollo”.
