“Se me acercaron indirectamente a través de las personas que trabajaban conmigo en ese momento. Obviamente, dijimos inmediatamente que no. La persona que estaba tratando de ponerse en contacto conmigo ni siquiera vino a mí de forma directa”, comentó Djokovic tras derrotar en primera ronda del Abierto de Australia al surcoreano Hyeon Chung.
Las palabras de Djokovic se producen después de que la cadena británica y el portal “BuzzFeed News” afirmaran que en la pasada década, 16 jugadores que figuraban entre los 50 mejores del mundo fueron marcados por la llamada Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés) bajo la sospecha de que entregaban partidos.
Al serbio le habrían ofrecido 200.000 dólares por perder en primera ronda del torneo de San Petersburgo, por lo que decidió no disputar el torneo porque no quería “estar ligado a esto de ninguna manera”.
“Para mí es un acto que va contra los valores del deporte, es un crimen contra el deporte”, agregó Djokovic, quien subrayó que desde entonces no ha vuelto “a escuchar algo similar” y que, según sus informaciones, el amaño de partidos afecta a torneos de categoría inferior, como los Challenger, pero no al circuito profesional ATP.
En los documentos a los que la “BBC” y “Buzzfeed News” han tenido acceso figura una investigación abierta por la ATP en 2007. Su labor, añade la cadena, consistió en analizar una sospechosa actividad de apuesta a raíz de un partido disputado por el ruso Nikolay Davydenko y el argentino Martín Vasallo Argüello.
Los dos, siempre según la BBC, fueron absueltos de violar las reglas del juego, pero la investigación se amplió a una más amplia sobre una presunta red de apostadores vinculados a jugadores.
Los documentos a los que la emisora británica dice que tuvo acceso encontró sindicatos de apuestas en Rusia e Italia, que apostaban miles de libras en partidos que los investigadores pensaron que estaban amañados.
Tres de esos partidos se disputaron en el torneo de tenis de Wimbledon.
El mundo del tenis introdujo un nuevo código de conducta en 2009, un año después de una investigación, pero por razones legales los presuntos casos de corrupción previos no fueron evaluados.