Señalan a Ramírez Acuña de proteger a magistrado Alberto Barba

GUADALAJARA, Jal., 7 de marzo de 2017.- Con nombre y apellido. El diputado integrante de la comisión de Responsabilidades, Ramón Guerrero Martínez aseguró que el ex gobernador panista, Francisco Ramírez Acuña es quien protege al magistrado del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez para que no procedan los juicios políticos y de procedencia penal que existen en su contra.

El legislador emecista señaló que no pueden privilegiarse los intereses partidistas sobre los asuntos de la ciudadanía, dijo que es necesario que los diputados panistas dejen de lado los problemas internos y actúen bajo legalidad.

«Efectivamente hay un conflicto interno en el PAN porque traen la presión del ex gobernador, Francisco Ramírez Acuña que es un amplio defensor del magistrado Barba y pues es tema del PAN que deberá resolverlo de manera interna. Lo que ya no podemos esperar es un tema de la sociedad porque no es un tema de un instituto político sino de los ciudadanos y que exigen justicia», acusó.

El legislador manifestó que en diciembre pasado se pretendía sacar un dictamen por parte de la Comisión  de Responsabilidades en el que se declaraba improcedente y se desechaban los juicios políticos promovidos por los alcaldes de Zapopan y Guadalajara en contra del magistrado por permitir construcciones irregulares en favor de desarrolladores inmobiliarios.

Expresó que ante esta situación los diputados naranjas rechazaron la situación y presentaron un documento para evitar que exonerarán al magistrado. Indicó que pese a que el gobierno del estado ya hizo lo conducente para desaforar a Barba Gómez, es necesario que también procedan las solicitudes de juicio político ya que de esta manera el magistrado quedaría inhabilitado de la función pública, hasta por 20 años, si así lo consideran pertinente.

La diputada presidenta de la comisión de Responsabilidades señaló que dependiendo de los elementos que existan en su contra y del número de casos por los que se le acusan es como se determina los años de castigo que podrían ir de uno hasta 20 años sin servir en la función pública. Entre los casos más sonados está el de la ex regidora priista de Guadalajara, Elisa Ayón, y el ex presidente municipal de Tonalá, Jorge Vizcarra.