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GUADALAJARA, Jal., 20 febrero 2017.- El abogado de los ejidatarios de El Zapote, Maximiliano Lomelí Cisneros, aseguró que la detención de los 12 ejidatarios de El Zapote por los delitos de despojo en grado de tentativa y resistencia de particulares no son delitos graves, y que por lo tanto los detenidos deberían estar en libertad en tanto se hacen las indagatorias y no presos, sin embargo, lo que le preocupa es que las autoridades alteraron las Carpetas de Investigación.
A decir del representante legal, hay inconsistencias en los horarios, según manifestó las personas fueron detenidas alrededor del mediodía del viernes, pero no fueron puestos a disposición del ministerio público sino hasta después de diez horas, mientras tanto dijo mantenían a los detenidos privados de comunicación en calabozos.
“De la detención de las cinco de la tarde a la puesta a disposición al otro día a las 3:30 horas, en ese momento los tenían privados ilegalmente sin comunicación, y sin darles cobijo y víveres, es un tiempo demasiado que debió haber decretado la ilegal detención. Los tenían resguardados en los calabozos
También evidenció que pese a que los terrenos donde se llevaron las manifestaciones de los ejidatarios el pasado viernes están ubicados en zona federal, quienes intervinieron con la fuerza pública fueron autoridades estatales. Acerca del amparo que presentó el presidente del ejido, Nicolás Vega en el que se exigía que se resolviera la situación legal de los detenidos en menos de 48 horas expresó que también fue violentado, al igual que la suspensión de plano otorgada a su favor por el juez cuarto de lo Administrativo.
Manifestó que tras esta situación ya presentaron denuncias penales, así como denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la violación a los derechos de los detenidos. Advirtió que no se quedarán de brazos cruzados y que en próximos días anunciarán la fecha en la que se manifestarán en defensa de los ejidatarios y de sus tierras.
Lamentó el interés de la Secretaria General de Gobierno porque los ejidatarios acepten las cantidad de 61 millones de pesos que les ofrecen de acuerdo al avalúo que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), cuando el último avalúo que ellos realizaron determinó el valor de las tierras en 3 mil 610 millones de pesos, es decir, mil millones más que el avalúo que inicialmente habían presentado los representantes ejidales.