GUADALAJARA, Jal., 7 de junio de 2021.- En México, y en Jalisco el ejercicio del periodismo cuenta con todas las garantías que establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el estado de Jalisco detalló que a la fecha, las autoridades estatales han procesado 6 solicitudes de incorporación a este mecanismo de protección para estos profesionistas, cuatro correspondieron a 2018, dos a 2019; y ninguna en 2020 ni hasta mayo de 2021.

Sin embargo, la CEDHJ señaló que los números contrastan con las cifras de la Secretaría de Gobernación, que en 2018 contabilizó a 14 personas de Jalisco; y en 2019 a 60, sugiriendo la autogestión de la mayoría de las víctimas en situaciones de riesgo.

“Aunado, no se han elaborado los informes anuales sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Jalisco, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021”, advierte el organismo.

También señala que se ha omitido el desarrollo de un Plan Anual de Trabajo de los últimos dos años y se carece de convenios con autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, así como con personas y organizaciones sociales y privadas.

Las insuficiencias en materia de protección para periodistas en el contexto mexicano quedaron plasmadas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, en el que las relatorías especiales de las Naciones Unidas y para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificaron entre otras, la necesidad de generar estadística de la violencia para combatirla.

“Ambas relatorías solicitaron el reconocimiento de la labor periodística por parte de las altas esferas del estado, así como la consolidación del Mecanismo de Protección, incluyendo las reformas legales necesarias para su aplicación efectiva y la disposición, por parte de las entidades federativas, de unidades que coordinen e implementen enérgicamente la protección a quienes se encuentran en riesgo por ejercer la libertad de expresión”.

En Jalisco se tiene registro del homicidio de los periodistas Margarito Morales Ramírez, en Cocula; José Galindo Robles, en Zapotlán El Grande; José Reyes Brambila, en Puerto Vallarta; y Jonathan Rodríguez, en Autlán de Navarro.

Por estos motivos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Jalisco solicitan a los diferentes niveles de gobierno en la entidad que garanticen la prohibición expresa de censura previa y cualquier obstaculización al desarrollo de la actividad periodística en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

A la Secretaría General de Gobierno le pide que elabore un informe sobre la situación estatal en materia de seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con datos desagregados y perspectiva de género que se publique, cuando menos, en el portal web del gobierno estatal, en un formato asequible y accesible para el público en general.

Realice un estudio diagnóstico sobre la eficacia de la actuación estatal en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Y que “a partir del estudio de los puntos anteriores, facilite lo necesario para el desarrollo de una consulta amplia, incluyente, asequible, exhaustiva, pluricultural y con perspectiva de género, para generar una propuesta de política pública que atienda la protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Jalisco”

Finalmente, propone que en caso de ser necesario se comience a trabajar en la reforma de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco.