El pleno del Instituto, a propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, modificó la respuesta del SAT al resolver un recurso de revisión que tramitó un particular inconforme con la respuesta del sujeto obligado.
El solicitante requirió conocer, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, las campañas de combate a la corrupción en la Aduana de Manzanillo entre 2003 y 2015, así como los mecanismos implementados y los medios de denuncia.
El comisionado ponente Salas Suárez expuso al pleno la importancia de este recurso porque hoy en día México vive un momento definitivo en el combate a la corrupción pues, aunque existe una Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, hay pendientes que son importantes para su implementación.
“Al aprobar varias leyes secundarias, crear o fortalecer las instituciones que formarán parte de él, asegurarnos que los funcionarios públicos que las dirigirán sean designados según perfiles y criterios exigentes y transparentes, y que los gobiernos asignen el presupuesto necesario para la implementación”, explicó.
Dijo que el reto del Sistema Nacional Anticorrupción es su implementación y que como cualquier otra política pública debe ser evaluada, y el insumo para que sea esto posible es la información pública.
“Con base en la información pública, la población podrá conocer cómo se desarrolla el Sistema, desde la creación hasta la implementación, y así garantizar que el acceso a la información, la transparencia y al rendición de cuentas sean pilares del desempeño de los sistemas anticorrupción”, subrayó el comisionado Salas Suárez.
En su respuesta al particular que solicitó la información, el SAT señaló que realizó campañas contra la corrupción en todas las aduanas, incluyendo la de Manzanillo; que desde 2009 hay “teléfonos rojos” para presentar denuncias; y que la Administración General de Aduanas a la que se turnó la solicitud, por disposición reglamentaria no realiza campañas anticorrupción, siendo la Administración General de Evaluación la que tiene facultad para ello.
Durante el análisis del recurso se examinó la normatividad del sujeto obligado y se confirmó que la Administración General de Evaluación es la unidad administrativa que debió proporcionar la respuesta sobre las medidas o mecanismos del SAT para atacar la corrupción en la Aduana de Manzanillo.
Sin embargo, dicha unidad administrativa del SAT no se manifestó, por lo tanto se estima que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de atención a las solicitudes de información y, aunque turnó la solicitud a las unidades administrativas competentes, no informó al particular sobre lo demandado.
Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta del SAT y le instruyó a que informe al particular de los medios o mecanismos que se han implementado para combatir la corrupción en la Aduana de Manzanillo.
