CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2018.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) deberá buscar y dar a conocer información relacionada con una investigación realizada por diversas universidades en torno a una variedad de maíz nativo mexicano en la Sierra Mixe de Oaxaca, el cual posee características genéticas que hace posible su producción sin fertilizantes, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Se deberá dar acceso a los convenios, acuerdos o pactos, mediante los cuales se establecieron las participaciones de las universidades; las solicitudes y permisos para el acceso a los recursos genéticos mexicanos, incluida la autorización de la comunidad indígena de la Sierra Mixe.
De acuerdo al comunicado INAI/148/2018, al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena señaló que es necesario conocer que los recursos genéticos se exploten de manera sostenible y que las comunidades hayan sido consultadas y sean parte de los beneficios de esta investigación.
“Este asunto es socialmente relevante porque permitirá conocer públicamente si la investigación realizada en la Sierra Mixe de Oaxaca, respecto del maíz nativo que no requiere fertilizantes químicos, cumplió con los requisitos previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, sobre todo, en lo que se refiere a la protección de los derechos de los pueblos originarios que residen en esa localidad”, apuntó.
La comisionada del INAI recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en el caso específico de los pueblos indígenas y tribales, los Estados tienen la obligación específica de consultar y garantizar su participación en las decisiones de cualquier medida que afecte sus territorios.
“Resulta evidente que existe un interés público de que se transparenten las condiciones legales en las que se llevó a cabo esta investigación de los recursos genéticos, no sólo por la seguridad que debe existir para la conservación y explotación sostenible, sino que implica que se respeten los derechos de la población indígena, esto es, que sea patente su consentimiento que otorgó para su realización”, concluyó Ibarra Cadena.