De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) Luis Robles Miaja, durante la Firma del Convenio de adhesión a las Bases de colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad, estas acciones provocan que no sea el cliente quien pague este fenómeno, ya que son los bancos quienes asumen el costo de esto.
“Se habla que hay 120 millones de pesos en pérdidas anuales, pero no de los clientes, prácticamente todos los casos, los bancos asumen el quebranto y final es un costo para el sistema financiero no es para el cliente, salvo que haya alguna circunstancia que el cliente haya cometido una grave negligencia, pero el resto de los casos los asumen los bancos.
“Para darle eficiencia al proceso, porque uno de los problemas es la molestia del cliente, en los temas económico que prácticamente lo asumimos en las instituciones y el otro es la molestia del cliente, es el tiempo que se tiene que dar la aclaración y el tiempo que se pierde”, Dojo Robles Miaja.
Ante esta situación, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que tome en cuenta un protocolo especial de aviso instantáneo para los clientes, el cual estaría basado en que se alerta cuando se ingresa al historial crediticio de la persona.
Ya que son las prestaciones de crédito y tarjetas de crédito donde más se representa este tipo de fraudes.
“Por eso firmamos este protocolo que anuncié, en el cual los bancos estamos siguiendo un procedimiento muy sencillo, ágil que trate de quitar al cliente las mayores molestias para que estas consideraciones y problemas se solucionen de una manera satisfactoria, pero eficiente.
“Para pedir un crédito, tarjeta de crédito, para un sin número de operaciones financieras donde alguien se roba la identidad de otra persona, por ejemplo con una credencial de elector falsa se hace pasar por quien no es y el banco le reclama a quien presuntamente era, es un tema que la banca asume las pérdidas y que lo que estamos de hacer es que el cliente tenga el menor problema en cuanto a molestia, tiempo perdido”, argumentó.
Por su parte, la titular de la PGR, Arely Gómez, celebró la forma de colaboración entre su institución, la ABM, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir este delito.
“Desafortunadamente, estas tecnologías también han facilitado la aparición de nuevas conductas ilícitas, como la suplantación o usurpación de identidad.
Los delincuentes hurtan información personal, e incluso pueden violentar las bases de datos tanto de instituciones privadas como públicas. Se trata de hechos que representan un enorme desafío para las autoridades, porque las repercusiones que dejan son de proporciones mayúsculas.
Y no me refiero únicamente a cuestiones monetarias. El robo y la suplantación de identidad pueden derivar en que las víctimas pierdan su patrimonio, se vean despojadas de sus ahorros o terminen siendo responsables de delitos que no cometieron”, señaló Gómez.
Agregó que la dimensión de este delito es igualmente grave, ya que el robo y la suplantación de identidad son fenómenos delictivos que pueden derribar moralmente a las víctimas, pues pueden causar daño a su reputación personal o profesional, la pérdida del empleo, y hasta la continuidad de procedimientos legales de su interés.
Finalmente, Lorenzo Córdova, titular del INE, aseguró que una de las bases para tener una base de datos sustentable y confiable para evitar este delito es la credencial de elector, la cual puede garantizar un concentrado biométrico de la información de los mexicanos.
