Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió que la expresión del descontento ha llegado al extremo del elogio y reconocimiento social a quien toma la justicia en sus manos.
O bien, a la promoción de iniciativas que de prosperar podrían reforzar la práctica de la venganza privada, al pretender depositar en el ciudadano la responsabilidad de preservar su seguridad, pero que en realidad sólo minarían el control que el Estado está obligado a ejercer sobre la dinámica delictiva.
En un tema que causó reclamo del propio secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, 10 años después que el Ejército salió de sus cuarteles para patrullar calles de ciudades y pueblos, González Pérez se pronunció a que las Fuerzas Armadas deben volver a las funciones que le son propias cuando las condiciones del país así lo permitan.
Para ello, se debe establecer una ruta gradual y verificable, pues señaló que el carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública, no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.
Durante su intervención en la Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, que tuvo lugar en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial, el titular de la CNDH insistió que el respeto a los derechos humanos es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que se emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido, el relativo a la seguridad en todas sus dimensiones de los mexicanos.
“Cualquier instrumento jurídico que se formule para dar certeza a sus actores, necesariamente debe tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas; así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que prevé la Constitución”, conminó.
Apuntó que la seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, no obstante, por graves que sean las circunstancias que atraviesa el país, el Estado mexicano no puede renunciar al ejercicio de las funciones que se le son propias ni debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas.
Este año, requirió con necesidad y urgencia proporcionar a la población de algunas regiones del país niveles mínimos de seguridad, que permitan cierta normalidad en su existencia cotidiana, pues la percepción generalizada sobre la existencia de impunidad, corrupción, así como respeto a la falta de cumplimiento de la ley, ha debilitado a las instituciones democráticas y dividido a la sociedad.
“Si la criminalidad es hoy uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos, las fallas en la seguridad pública potencializan este deterioro hacia niveles más profundos de descomposición social”, reprochó.
Y exhortó a actuar para atender los puntos críticos que más vulneran el sistema de procuración e impartición de justicia, y que inciden en la percepción que la sociedad tiene de las autoridades y las instituciones.
“Sólo de esta forma, México podrá recuperar la armonía social, la paz, la normalidad en nuestra convivencia cotidiana, que genere el entorno idóneo para el ejercicio y goce de los derechos humanos sin exclusión, sin discriminación y sin intolerancia”, reiteró en su carácter de Ombudsman nacional.
