Rechazan instalación de verificentros durante foro

GUADALAJARA, Jal., 2 de junio 2016.- Luego de dos días  del foro sobre calidad del aire al que asistieron expertos, asociaciones civiles, representantes de talleres mecánicos y del gobierno del estado, la diputada Fela Pelayo dijo que el punto que se rechazó al 100 por ciento de la propuesta del gobernador fue la instalación de verificentros, dijo que de los asistentes el 98 por ciento se opuso a esa medida, ya que consideran que esta no resuelve el problema de contaminación y sólo la titular de la Secretaría de Medio Ambiente lo respaldó.

Fela Pelayo dijo que hay otras alternativas como la realización de verificación mediante tecnología de sensor remoto, así como la aplicación de tecnologías reductoras de emisiones contaminantes, y que sea una obligación la afinación vehicular, lo que podría mejorar la calidad del aire, ya que según expuso los verificentros solo miden la contaminación pero no la resuelven.

En este sentido, lanzó un reto a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruíz Mejía, para que diga si prefiere medir o respirar la polución.

«La verificación determina la contaminación, mide cuánto contaminamos y nos están diciendo que nos va a costar 420 pesos, el medir cuánto contaminamos. Si realmente esto soluciona el problema yo los reto a ponerse atrás de un camión de la ruta 380 y que respire lo que sale del escape, tanto a la secretaria como el gobernador o el que se animé. Yo les apuesto los 420 pesos y que me diga si con esos 420 pesos va preferir utilizarlos para ver qué está respirando o aplicar una medida que reduzca o elimine lo que va a respirar».

Dijo que la propuesta de crear un fideicomiso es rescatable, aunque deben realizarse modificaciones, expresó que no es factible dejarle esta atribución solo al gobernador como lo establece en su iniciativa.

Coincidió con la idea que propuso en el foro el presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho acerca de que es necesario que se integre un comité en el que participen organizaciones civiles, universidades, empresarios y representantes municipales al igual que un representante del gobierno estatal.