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GUADALAJARA, Jal; 30 de septiembre de 2021.- El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encuentra rebasado y no sale de la crisis que atraviesa desde el 2018 por la densa carga de trabajo, pero también porque ello ha derivado en la omisión de respeto a los derechos de las víctimas y sus familiares.
Así lo declaró la diputada federal por Morena, Laura Imelda Pérez Segura quien presentó ante los medios de comunicación un exhorto al Gobierno de Jalisco para que cumpla y garantice los procesos de identificación preservación y resguardo de cadáveres almacenados en el IJCF.
La legisladora federal presentó ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador Enrique Alfaro, a que dé inmediato cumplimiento a los objetivos de las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación, identificación y entrega de cuerpos, siempre con el respeto irrestricto de sus derechos.
Esto, luego de la negativa de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, para reconocer que existe una crisis forense, «misma que encuentra su origen en la incesante ola de violencia e incidencia criminal que atraviesa la entidad, producto, principalmente, de la presencia de grupos delictivos. Actualmente el número de homicidios dolosos registrados en la entidad superan los 1 mil 260, traduciéndose en un promedio de 5 personas asesinadas diariamente».
Pérez Segura, destacó que la presente crisis ha traído consigo importantes violaciones a los derechos humanos, siendo la incineración de cuerpos sin identificar, la más grave de todas. En el periodo comprendido de 2006 a 2015, cerca de 1 mil 430 cuerpos fueron incinerados y no se les llegó a tomar muestras de tejido orgánico para la obtención de un perfil de ADN.
«Esta práctica, actualmente considerada ilegal, según lo estipulado en el artículo 128 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, viola los derechos de las víctimas y sus familiares, al imposibilitar futuras identificaciones y negar una restitución digna», destacó la legisladora.
«Esta mala gestión en las labores del IJCF se debe, en gran medida, a la actitud irresponsable de la autoridad estatal al no otorgarle el debido interés y dar una rápida solución a la excesiva carga de trabajo que presenta la institución».
Laura Imelda Pérez Segura mencionó resulta necesario también que el Ejecutivo estatal reconozca que la crisis forense violenta derechos humanos, tales como:
La diputada exhortó también a la Fiscalía General de la República a que en coordinación con su homóloga estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen estas presuntas violaciones a derechos humanos; así como los posibles actos de negligencia en los que haya incurrido el gobierno de Jalisco en materia de identificación forense durante los últimos años.