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GUADALAJARA, Jal., 17 de enero de 2017.- Para evitar que se den malas prácticas en la designación y adjudicación de obra pública en el Estado, la diputada priista, Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Contratación de Obra Pública del Estado de Jalisco, en la que se establecen sanciones para aquellos funcionarios y contratistas que se presten para cometer corrupción.
«El moche y el cochupo es un secreto a voces. Todos saben que existe pero nadie lo ha visto. Son tabú. Nadie lo denuncia. Son actos clandestinos para burlar la ley», señaló.
Su propuesta establece que aquellos que reciban mordidas para favorecer a un contratista serán destituidos del cargo de manera inmediata, y nunca más podrá laborar en el servicio público, además de que será castigado con 12 años de prisión por el delito de cohecho.
Destacó que las constructoras que tengan antecedentes sobre malas prácticas deberán ser sancionadas por el Sistema Estatal Anticorrupción y no podrán acceder a la obra pública. Asimismo se modifican los procedimientos de contratación, es decir, se renueva la licitación pública, la invitación abierta y la adjudicación directa, mismas que deberán ser publicadas en internet.
Nuevamente se propone que la adjudicación directa solo procederá para casos de urgencia como en caso de desastres naturales, expresó «nada de que urge porque viene el Presidente de la República o el Gobernador. La urgencia para que se otorgue una adjudicación directa es porque en ese momento la población lo necesita; la población no exige».
Su propuesta incluye la derogación del Comité de Adjudicación de Obra Pública y crea al Comité Ciudadano de Contratación de Obra Pública, mismo que estará principalmente integrado por tres ciudadanos elegidos por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, un expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción y el titular o su representante de la SIOP.