“La Ley de la Industria Eléctrica, a través del artículo 116, establece lo mismo para el caso de la electricidad. Adicionalmente, el artículo vigésimo noveno transitorio de la Ley de Hidrocarburos se estipuló liberalizar el precio del gas licuado” señala.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, elaborado por los especialistas José Luis Clavellina, Maritza Rosales y Víctor Ortega Olvera, concluye que antes de haberse dado esta situación, el gobierno federal debió “instrumentar un programa de apoyos focalizados a los consumidores”.
“(Para) disminuir los efectos negativos a la población de menores ingresos, derivados de la flexibilización del mercado de los combustibles en los próximos meses”, sin embargo no lo hizo.
Por el contrario, la administración federal se activó el 9 de enero cuando anunció “el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” en el que se concertó, entre otras cosas, que el sector privado coadyuvaría a evitar que se presente un aumento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica.
“Que el sector laboral y del campo trabajarían para mejorar su productividad. El gobierno federal impulsaría acciones para: mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como para vigilar y sancionar los abusos en la materia; modernizar el transporte público y la movilidad urbana; mejorar las condiciones del crédito que otorga la Banca de Desarrollo”, recordó.
El órgano especializado de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional afirmó (contrario a la versión del presidente Enrique Peña Nieto) que entre los cambios estructurales que implicó la reforma energética, “se encuentra la liberación de los precios de los petrolíferos y de los permisos para su importación”.
“En este contexto, la Ley de Hidrocarburos incluyó disposiciones específicas con el objetivo de transitar hacia un régimen de libre mercado”, afirmaron los especialistas en el documento “Aspectos relevantes sobre la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel en 2017”, del que esta agencia de información tiene copia.
De esta forma desde hace 17 días la tarifa eléctrica para el sector industrial aumentó entre 3.2 y 4.5 por ciento en la zona centro del país, la comercial se elevó en un nivel similar y la de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) aumentó 2.4 por ciento en comparación con diciembre pasado.
Por si esto fuera poco, el precio del gas licuado de petróleo (LP) quedó liberalizado, tras 50 años de tener un precio administrado por el gobierno, por lo que las más de 350 empresas distribuidoras que existen en el país pueden fijar su propio precio conforme a las condiciones del mercado.
Al igual que las gasolinas, el precio del gas LP se va a determinar por regiones, el consumidor va a saber los precios por medio de cada compañía.
