Ante los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Diputados, Roberto Gil Zuarth y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, el académico reprochó que el Congreso de la Unión prefirió faltar a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo Sistema de Justicia Penal aprobadas a tiempo.
Por ello, conminó a que dichas omisiones puedan resolverse en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, que habrá de empezar dentro de unos días, y entonces se sabrá si todos los actores estuvieron a la altura del enorme desafío que supone dotarse de un procedimiento penal más transparente y justo.
Luego de miles de horas de capacitación, cientos de foros y seminarios de análisis, y tras haber invertido más de 21 mil millones de pesos, “llega la hora cero, el minuto inaugural del nuevo procedimiento penal mexicano”, expresó ante el presidente Enrique Peña Nieto.
En su intervención durante el Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el académico criticó que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores “no les dio la gana aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes que habrán de regir todo el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Además, la que regirá la ejecución de las sanciones o las indispensables reformas al marco jurídico de la lucha del Estado mexicano contra la delincuencia organizada.
En el encuentro titulado La Justicia que Merecemos: de la Implementación a la Consolidación, Carbonell Sánchez reprochó que es una lástima que ni eso hayan podido hacer los representantes populares. “Tuvieron tiempo suficiente y de sobra, pero sus intereses y atenciones parecieron estar en otro sitio”, reprendió.
El investigador destacó que el NSJPA tiene como objetivo central reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y en particular el abuso de la prisión preventiva.
Asimismo, tener un sistema más eficiente, al concentrar el poder punitivo del Estado en los delitos que más dañan a los individuos y a la comunidad, así como generar confianza ciudadana.
De esto, la mayor responsabilidad recae en las entidades federativas: el 92 por ciento de todos los asuntos penales del país; un dos por ciento adicional corresponde a conductas de adolescentes en conflicto con la ley penal, y un seis por ciento son de la competencia del fuero Federal.
Reconoció a los gobiernos locales comprometidos con la implementación de la Reforma Penal, como: Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán; y reprobó a los rezagados: Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala, que a duras penas han preferido dejar que el tiempo pase, para heredar el problema a sus sucesores.
A escasos 11 días de cumplirse el límite, apuntó que “el tiempo nos alcanzó”, y tras ocho años para tener funcionando en todo el país este nuevo mecanismo y para todo tipo de delitos el nuevo procedimiento penal, basado en las audiencias orales y la aplicación de los métodos alternos de solución de controversias, aseguró que 18 de junio no finaliza nada.
Al contrario, arranca una nueva etapa de consolidación de justicia penal en la que se habrá que seguir haciendo esfuerzos extraordinarios en los seis puntos: informar a la sociedad del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán a partir de esa fecha, sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia, incluyendo a los medios de comunicación.
En segundo punto, “formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral para evitar que sigan leyendo en las audiencias y que el principio de defensa adecuada siga siendo una quimera.”
Continuó con la capacitación a funcionarios públicos para que hagan investigaciones profesionales, recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas del procedimiento penal.
La complementación del marco jurídico para que las reglas de funcionamiento del sistema estén claras y sean conocidas por todos los operadores.
Como quinta tarea, Miguel Ángel Carbonell pidió desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder Judicial de la Federación definan criterios de aplicación de la nueva normatividad.
Por último, contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la reforma, casi en tiempo real, tarea asignada a Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación (SETEC) cuando venza su mandato legal, lo que ocurrirá antes de finalizar el año.
