A través de un posicionamiento publicado este domingo, los firmantes aseguran que dicha discusión sobre un régimen legal en materia de seguridad interior debe establecer claramente la diferencia entre seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública, y avanzar en paralelo al debate sobre una reforma policial.
Reiteraron que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares y coincidieron con el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, en que se requiere una definición pronta sobre el rol de soldados y marinos en materia de seguridad pública.
“La incertidumbre actual no puede ni debe prolongarse. En un horizonte razonable de tiempo, los elementos de la Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles”, expresaron.
El texto íntegro:
Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República,
Integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Congreso de la Unión
P R E S E N T E S
En las últimas semanas, se ha avivado un debate en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Si bien hay posiciones encontradas en este debate, hay un punto de consenso: no es deseable para el desarrollo del país que el Ejército y la Marina sigan cubriendo las carencias de las Policías de los tres niveles de gobierno y, menos, que lo hagan sin un marco jurídico adecuado.
Es sin duda deseable que todas las fuerzas del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas cuenten con instrumentos normativos adecuados, particularmente para atender situaciones de excepción y para emprender misiones que rebasen su ámbito natural de competencia, las cuales deben contemplar temporalidad, objetivos y compromisos claros. Pero es importante señalar que legislar en esa materia no haría nada para resolver el problema de fondo: la debilidad estructural de las instituciones de seguridad y justicia, empezando con las Policías.
En consecuencia, la discusión sobre un régimen legal en materia de seguridad interior debe establecer claramente la diferencia entre seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública, y avanzar en paralelo al debate sobre una reforma policial.
En junio pasado, el Senado de la República aprobó un dictamen de reforma constitucional en materia de seguridad pública, el cual debe ser procesado ahora en la Cámara de Diputados.
Las organizaciones e individuos firmantes de este pronunciamiento conjunto convocamos a la Cámara de Diputados a iniciar una discusión seria y plural sobre un paquete de reforma policial integral, ya que la atención se ha centrado únicamente en el mando mixto policial.
Asimismo, llamamos a todos los actores políticos del país, comenzando por el Gobierno de la República, a definir sus prioridades en materia de reforma policial, para armonizarlas con las prioridades sociales y con las bases científicas y técnicas que definan especialistas.
Reiteramos una convicción básica: la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares. Coincidimos con el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, en que se requiere una definición pronta sobre el rol de soldados y marinos en materia de seguridad pública. La incertidumbre actual no puede ni debe prolongarse. En un horizonte razonable de tiempo, los elementos de la Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles.
Pero ese objetivo será inalcanzable sin un esfuerzo serio y sostenido de transformación de nuestras instituciones policiales.
Es hora de atender el problema de fondo.
Suscriben
Asociaciones Civiles, Fundaciones, Organizaciones y Redes:
Alianza por un México Parejo; Alternativas y Capacidades; Articulo 19; Alzando Voces Laguna; Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán; Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles Delegación Michoacán; Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; Barra Mexicana del Colegio de Abogados Delegación Michoacán; Cámara Nacional de Desarrolladores y Promotores de Vivienda Michoacán; Can Do México; Canacar; Canacintra Morelia; Canacintra Sahuayo; Canaco Uruapan; Canaimpa; Canapat Delegación Michoacán; Canirac; Causa en Común A.C.; Cause Ciudadano; CEAS México; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Victoria”; Centro de Integración Ciudadana de Saltillo; Centro de Integración Ciudadana Puebla; Círculo Cultural Melchor Ocampo; Círculo Cultural Melchor Ocampo; Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Coparmex Zamora; Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila; Consejo Cívico de Nuevo León; Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán; Consejo Económico y Social de Michoacán; Consejo Empresarial de la Ciénega de Chapala; Consejo Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología; Consejos de Participación Cívica; Convivencia Joven A.C.; DHP; Ethos Laboratorio de Políticas Públicas; Evolución Mexicana; Fray Francisco de Vitoria OP; Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán; Fundación para la Calidad y la Competitividad; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundeso; Hagámoslo Bien Nuevo León; Información y Participación Ciudadana; Iluminemos México; Instituto de Justicia Procesal Penal; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto Mexicano para la Competitividad; Instituto para la Seguridad y la Democracia; Laguneros Unidos de Corazón; Mesa de Seguridad y Justicia de Oriente; Mesa de Seguridad y Justicia de Zamora; Mexicanos contra la Corrupción; Mexicanos Primero; Mexicanos Primero Michoacán; México Evalúa; México SOS; México Unido Contra la Delincuencia; Morelos Seguro Contigo; Mujeres Empresarias de Michoacán en Movimiento; Observatorio Ciudadano de Chiapas; Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad de Morelos; Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México; Observatorio Ciudadano de Seguridad Centro Sur; Observatorio Ciudadano de Nueno León; Observatorio Ciudadano Tabasco; Observatorio Ciudadano de Tehuacán; Observatorio Ciudadano Tampico, Madero y Altamira; Observatorio Michoacano; Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico; Observatorio Nacional Ciudadano; Observatorio Sonora por la Seguridad; Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia; Participación Ciudadana 29; Participando por México; Policía Internacional Sonora Arizona; Por lo Derecho; Proeducación; Red Nacional de Observatorios de Seguridad, Justicia y Legalidad; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. “Todos los Derechos para Todas y Todos”; Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública; Red Nacional por la Seguridad, Ciudadanos + Policías; Renace A.B.P.; Renacer Lagunero; The Hunger Project México; Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano; Ve por Sinaloa.
Personal:
Adalberto Saviñon Diez de Sollano, Alberto Fernández Martínez, Alberto Serdán Rosales, Alejandro Hope Pinson, Alejandro Ordóñez González, Alonso González-Villalobos, Ana Laura Magaloni Kerpel, Ana Lorena Delgadillo, Ángeles Navarro Rueda, Antonio López Ugalde, Areli Rojas Rivera, Armando Haddad Giorgi, Armando Rodríguez Luna, Armando Santacruz González, Bernardo María León Olea, Blanca Gámez Gutiérrez, Carla Miranda Chigüindo, Carlos Cruz Santiago, Carlos Garza Falla, Carlos Fernández Gómez, Carlos Mendoza Mora, Carolina Pimentel González, Catalina Pérez Correa, Christian Rojas Rojas, Claudio X. González Guajardo, David Chong Chong, Edgar Cortez Morales, Edna Jaime Treviño, Eduardo Bohórquez López, Eduardo Guerrero Gutiérrez, Elena Azaola Garrido, Eliana García Laguna, Elisa Alanís Zurutuza, Emilio Velásquez Álvarez, Enrique Cárdenas Sánchez, Ernesto López Portillo Vargas, Fernando Gurrola Álvarez, Fernando Ramos Casas, Francisco Rivas Rodríguez, Gerardo Candano Conesa, Giulliano Lopresti Goraireb, Gregorio Roberto Ramírez Delgado, Guadalupe Barrena Nájera, Guillermo Vázquez del Mercado, Gustavo Fondevila Pérez, Héctor Emilio Macías, Héctor Larios Santillán, Horacio Erik Avilés Martínez, Javier Mancera de Arrigunaga, Jorge A. Charlesalomso, Jorge Chabat Madrid, Jorge Javier Romero Vadillo, Jorge Pesqueira Leal, Jorge Tello Peón, José Antonio Guevara Bermúdez, José Antonio Polo Oteyza, José Luis Caballero Ochoa, Josefina Ricaño de Nava, Juan Francisco Torres Landa R., Juan Pablo Espinosa de los Montero, Juan Pardinas Carpizo, Juan Salgado Ibarra, Julián Mejia Berdeja, Julio Guillen, Julio Madrazo García, Layda Negrete Sansores, Leonel Fernández Novelo, Lizbeth Pérez Zamorano, Lorena Cortés Vázquez, Luis F. Fernández Ruiz, Luis Fernando Cervantes García Rulfo, Luis Gárate Sáinz, Luis González Plascencia, Luz Marcela Villalobos Andrade, Maite Azuela, Manuel Emilio Hoyos Díaz, Mara Hernández Estrada, Marco A. Zamarripa González, Marco Roberto Juárez González, Marcos Fastlicht Sackler, Margarita Griesbach, María Amparo Casar Pérez, María Elena Morera Mitre, María Eugenia Suárez de Garay, Marian Olvera Ortega, Mariano Pérez Espino, Mario Arroyo Juárez, Martha Lucía Micher Camarena, Mauricio Merino Huerta, Max Kaiser Aranda, Mercedes del Valle Medina, Miguel B. Treviño de Hoyos, Miguel de la Vega Arévalo, Moisés Picazo Salazar, Nelia Tello Peón, Pablo Girault Ruiz, Patricia Olamendi Torres, Patricia Vargas Bryan, Pedro Salazar Ugarte, Ricardo Corona Real, Ricardo Raphael de la Madrid, Ricardo Segura Montaña, Roberto Hernández Ruiz, Rocío Culebro Bahena, Rodolfo Basurto Carmona, Rossana Fuentes Berain, Roy Campos Esquerra, Rubén Aguilar Valenzuela, Sergio López Ayllón, Suhayla Bazbaz Kuri, Sylvia Aguilera García, Sylvia Pérez Campuzano, Tatiana Clouthier Carrillo, Teresa Troncoso de Venger, Verónica Baz Suárez, Verónica Reyes Garcilazo, Vianey Esquinca Montaño, Vicente Sánchez Munguia, Víctor Manuel Sánchez Valdés, Violeta Maltos Rodríguez, Viridiana Ríos Contreras.
Responsable: Causa en Común A.C. y Red Nacional por la Seguridad.
