La Tercera Comisión, que preside la senadora Mariana Gómez del Campo, coincidió en que es responsabilidad del Gobierno mexicano, por medio del SAT y la PGR, investigar a los connacionales implicados en los Panama Papers.
En el punto de acuerdo se señaló que algunos de los medios que difundieron esta información indicaron que usar estructuras offshore es completamente legal y hay muchas razones legítimas para hacerlo, especialmente en países con muchas restricciones cambiarias.
No obstante, varios de los involucrados están implicados en actividades ilegales, que pueden ir desde tener activos sin declarar o lavado de dinero.
Agregó que este tipo de organizaciones pueden servir de pantalla para hacer transferencias de dinero, abrir cuentas bancarias en el exterior y hacer operaciones sin pagar impuestos.
Indicó que según la información filtrada, hay al menos 65 compañías mexicanas y 47 beneficiarios relacionados con el caso. En tanto, las autoridades han realizado las investigaciones pertinentes para indagar a las personas y empresas de origen mexicano involucradas.