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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera preocupante la falta de acceso al agua, que se agudiza en función del crecimiento de la población, el desarrollo económico y los patrones de consumo cambiantes, entre otros factores, por lo cual insta a los actores gubernamentales, privados, sociales, academia y organismos de protección a generar acciones coordinadas y estratégicas que faciliten un acceso mayor y sostenible de ese recurso, en especial para las personas y comunidades de las zonas rurales y urbanas menos favorecidas.
El organismo refirió que esta situación demanda adoptar medidas para reducir la desigualdad y evitar se privilegien intereses económicos de actores privados en detrimento de los derechos individuales y colectivos de grupos desfavorecidos y marginados, lo que debe ser una de las tareas a considerar por las autoridades gubernamentales, ya que las personas con mayor riqueza suelen recibir servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad a un coste bajo, mientras que las personas con menos ingresos pagan un precio mucho más alto por un servicio de igual o menor calidad.
En ocasión del Día Mundial del Agua –22 de marzo—, esta Comisión Nacional considera que el derecho humano al agua y saneamiento implica el ejercicio de libertades cuya realización depende de la intervención estatal para mantener el acceso a un suministro necesario, a no sufrir cortes arbitrarios y a la no contaminación de los recursos hídricos, y comprende el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de su disfrute.
En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta 2016, el 93 por ciento (30 millones 840,062) de los hogares recibía agua dentro de su propiedad, aunque solamente el 68 por ciento de hogares (22 millones 428,142) en el país contaba con dotación diaria de agua, y 25 por ciento (8 millones 411,920) de los hogares encuestados la recibía de forma esporádica (cada tercer día, dos veces por semana, una vez por semana o de vez en cuando) y el 7 por ciento (2 millones 085,208) de los hogares no recibía agua por tubería y la consigue por otros medios (acarreándola de otra vivienda, de una llave pública, de pozos, ríos, arroyos, lagos o lagunas o mediante pipas).
Aunado a lo anterior y de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 19.3 por ciento de los habitantes de nuestro país (23.7 millones de personas) carece de servicios básicos a la vivienda, no cuenta con servicio de drenaje y el agua no se obtiene por tuberías, convirtiéndose en uno de los principales indicadores de pobreza en nuestro país y haciendo evidente la desigualdad en el desabasto y saneamiento de los recursos hídricos.
Esta Comisión Nacional comparte la preocupación del Relator Especial Léo Heller, sobre la necesidad de dar especial e inmediata atención a que se emita un ordenamiento jurídico para el agua en México con perspectiva de derechos humanos, que asegure el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible para todas las personas.
Asimismo, recuerda que ha emitido diversas Recomendaciones para salvaguardar tan importante derecho, resaltar su interdependencia con otros, entre ellos, el de un medio ambiente sano, la salud o el desarrollo, por ende, se destaca las Recomendaciones 47/2002, alusiva a la falta de disponibilidad de agua para riego; la 12/2010, referente a tratar y sanear la contaminación de las aguas que conforman el río Santiago, Jalisco; la 70/2010, en la cual se alude a la negativa a construir la infraestructura de servicios de drenaje necesarios para la protección y conservación ambiental; la 76/2010, relativa a cortes arbitrarios de agua; y la 10/2017, que denuncia la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano por la contaminación provocada a los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes.
Además, en colaboración con la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó el Estudio Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, para evaluar las implicaciones de la contaminación y sobreexplotación de las aguas continentales superficiales y subterráneas respecto al goce y disfrute de los derechos humanos.