De acuerdo a información de un comunicado, para ello, la estrategia de prevención de agravios a periodistas e informadores debe ser integral, por lo que se deben atender los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para que den respuesta efectiva a los casos de violencia. Además, debe haber compromiso para cumplir las normas que protegen la labor periodística y lograr que las autoridades entiendan que ese ejercicio profesional coadyuva en el modelo democrático y no amenaza al desarrollo institucional.
En ocasión del Día de la Libertad de Expresión –7 de junio-, este Organismo Nacional pone de manifiesto que a pesar de los avances normativos y una mayor apertura a la crítica, no se pueden ignorar las amenazas e intentos por coartar la libertad de expresión que han convertido a México en uno de los países con más número de agresiones.
Cabe mencionar que en lo que va de 2016 siete periodistas han sido asesinados en el país, el más reciente ocurrido el pasado 14 de mayo en Poza Rica, Veracruz, en contra de Manuel Torres González, director del portal “NoticiasMT”, quien fue agredido con un arma de fuego cuando llegaba a su domicilio.
Con el homicidio de Manuel Torres suman ya 114 homicidios de periodistas desde el año 2000, 20 periodistas desaparecidos desde el año 2005 y 49 atentados a medios de comunicación desde 2006, situación que debe alertar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir estas agresiones y a garantizar que los crímenes cometidos en su contra sean investigados y debidamente sancionados.
Dichos agravios contra periodistas y medios informativos han derivado en autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, generación de espacios de silencio en el país y vulneración de los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática. Además, se observa que autoridades, poderes fácticos –especialmente los relacionados con el crimen organizado— y particulares se han convertido en censores de los medios ante las investigaciones que realizan sobre delincuencia organizada y narcotráfico.
El incremento de este tipo de agresiones en los últimos años llevó al Consejo Consultivo de este Organismo Nacional a aprobar el pasado 8 de febrero la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, que puede ser consultada en la páginawww.cndh.org.mx y donde se da cuenta de la situación de riesgo que enfrentan los comunicadores en México.
En dicho documento se recomendó a las procuradurías y fiscalías generales de justicia del país, entre otras cuestiones, promover la creación de unidades especializadas en la investigación y persecución de delitos cometidos en contra de la labor periodística y la libertad de expresión, en las que se cuente con las capacidades técnicas y humanas para llevar a cabo esta importante labor.
Sólo mediante investigaciones profesionales y exhaustivas se podrá reducir el 90% de índice de impunidad que persiste en las agresiones contra este gremio, impunidad que lamentablemente tiene como consecuencia la autocensura y la inhibición de los comunicadores en muchas regiones del país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya que aún hay muchos pendientes en este tema para que los periodistas ejerzan sin cortapisas y sin riesgo el derecho a informar, al tiempo que se une a las legítimas demandas ciudadanas que pugnan por una libertad de expresión efectiva.
