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PUERTO VALLARTA, Jal., 4 de junio de 2025.- El alcalde vallartense, Luis Ernesto Munguía González, dio a conocer que el proceso para establecer el mecanismo de cobro del impuesto voluntario a extranjeros que visiten la ciudad vía aérea o marítima continua.
Lo anterior, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este cobro, el cual -señala el organismo- no solo vulnera el derecho a la seguridad jurídica, sino que también contraviene los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones.
A decir de la CNDH la normativa municipal establece un cobro adicional que no se justifica adecuadamente, al considerar para su actualización elementos que no corresponden a la naturaleza de este tipo de contribuciones.
“Las cuotas deben ser fijas e iguales para aquellos que reciben un mismo servicio (…) No debería ser relevante si quien solicita el servicio es una persona extranjera o no, ya que lo que se cobra es el servicio proporcionado por el municipio”, destaca.
Ante esta situación, el alcalde se dijo respetuoso de la controversia, por lo que el municipio estará receptivo a lo que indique el máximo tribunal en la nación, no obstante, el proceso para establecer el mecanismo de cobro continúa.
“Entonces, considero que sí se llegó a un consenso, hubo aprobación en Cabildo, hubo aprobación en Congreso (del Estado) y pues, sí, también es válido que haya voces que interpreten diferentes cosas, porque hablan de que se va a limitar el acceso y eso en ningún planteamiento viene incluido”.
“O sea, todo mundo puede pasar con la libertad de accesar, mientras cumpla las leyes y pase aduanas y pase migración, pero lo que refiere a la Contribución Especial al Extranjero, es un asunto de voluntades, es un asunto de conciencia y sobre todo es un asunto de suma de esfuerzos entre las partes”, expresó.
Destacó que quienes visitan está ciudada están muy conscientes que en otros países del mundo que son turísticos, al visitar, genera una afectación tanto ambiental o quizá una necesidad de servicios.
“Esto va a tener un desdoble, que nosotros estamos receptivos y, la última palabra, la tiene la Suprema Corte”, añadió.