Inclusive las autoridades tienen responsabilidad porque desde las elecciones de 2015 se establecieron protocolos de seguridad para evitar que llegaran a las candidaturas infiltrados del crimen organizado en los que participaron tanto las procuradurías locales como la general de la República y hasta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, señalaron los legisladores.
En entrevistas por separado consideraron como una omisión del Partido de la Revolución Democrática no haber presentado la denuncia penal correspondiente luego de conocer las declaraciones del gobernador Silvano Aureoles Conejo y del secretario de Gobierno, Adrián López Solís, en el sentido de que por tener sospechas se le retiró candidatura a la presidencia municipal de Álvaro Obregón a Juan Carlos Arreygue ya vinculado a proceso y en prisión preventiva como medida cautelar.
La coordinadora de la bancada del PRI, Adriana Herández Íñiguez señaló que es un tema de responsabilidad partidista y el tricolor ha hecho lo propio, por ejemplo, en Tamaulipas, en las pasadas elecciones, al retirar candidaturas a algunos aspirantes a presidentes municipales por algunas sospechas que se tenían de tener algún nexo con el crimen organizado.
“Ese es un acto de responsabilidad, no podemos caer en que por ganar una elección se ponga quien sea de candidato”, indicó la legisladora por el distrito de La Piedad, quien pidió para el alcalde de Álvaro Obregón la oportunidad de presunción de inocencia y cuando un juez determine si tiene o no alguna responsabilidad se tomarán las medidas correspondientes.
El coordinador de los diputados del albiazul, Carlos Quintana Martínez dijo desconocer que tan rigurosos fueron los filtros para impedir que hubiera infiltrados del crimen organizado en las candidaturas, pero es un tema de seguridad nacional que se tiene que atender.
También dijo desconocer si Juan Carlos Arreygue tiene o no vínculos con grupos criminales por lo que también pidió no prejuzgar y esperar a que sea un juez el que determine si tiene alguna responsabilidad en la muerte de 10 personas en los límites de los municipios de Cuitzeo y Álvaro Obregón el sábado pasado.
Los dos coordinadores hicieron un llamado a los presidentes municipales para que denuncien si sufren de alguna presión o amenaza por parte de grupos delincuenciales y tengan la confianza en que el estado y a federación podrán brindarles la seguridad que requieran para garantizar su integridad.