Dijo que está bien que se conmemore esta fecha, pero demandó que “el Poder Legislativo dictaminen en torno a las reformas que se han presentado para erradicar, sancionar y atender todo tipo de violencia contra la niñez”, al tiempo que acusó falta de voluntad también del Ejecutivo federal y de los ejecutivos estatales.
Informó que son probablemente decenas de iniciativas las que están en espera de revisión, discusión y aprobación, entre éstas varias que el GPPRD ha presentado en diversas comisiones y tienen que ver con la necesidad urgente de proteger a las niñas, niños y adolescentes.
Pidió al Presidente de la República y a los gobernadores de las 32 entidades del país destinar dinero a la prevención y atención de víctimas de agresión sexual porque de lo contrario, lo demás “es pura retórica”.
El también secretario de la Comisión Derechos de la Niñez consideró que es primordial “declararles la guerra a los agresores sexuales, señalarlos y meterlos a la cárcel, además de llevar un registro de agresores sexuales que hayan sido sentenciados para que todo mundo sepa quiénes son, dónde están y no permitamos que convivan más con la niñez”.
Afirmó que mientras en el presupuesto no se vean reflejados -como es el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017- recursos para los centros de atención social donde se apoye a los niños violentados, a los no acompañados o con problemas familiares, entre otros, “lo demás será únicamente puro discurso”.
Hernández Soriano lamentó el doble mensaje que en torno a la protección de la niñez existe: “Escucho al presidente de la República, ocupado, preocupado, firmando la alianza global con UNICEF; veo al secretario de Gobernación diciendo a los gobernadores ‘vamos a destinar presupuesto, vamos a legislar y armonizar las leyes’”.
Sin embargo –señaló-, lo que no se observa del Ejecutivo federal y de los estatales es la intención de destinar recursos para atender a la niñez que es víctima de agresión sexual, pues no se está canalizando suficientemente el dinero que se requiere; “los números, vergonzosamente, muestran cómo nuestro país ocupa el primer lugar en agresión sexual hacia la niñez de entre los países miembros de la OCDE”, subrayó.
Dijo que se necesitan campañas de información y de prevención dirigidas a la sociedad, a las familias, a las escuelas, por lo que se requiere, aunque sean pocos recursos financieros, atender psicológica o jurídicamente a menores que han sido violentados y mantener lugares donde puedan ser resguardados, niñas, niños y adolescentes.
Planteó la importancia que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo hagan su tarea, por lo que primero debe hacer su trabajo de legislar y el presidente de la República, reorientar mejor y otorgar un mayor presupuesto a este tema, y que unos y otros “no se hagan tontos”.