Un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República –en poder de Quadratín-México– concluye que a pesar de los esfuerzos institucionales para fortalecer su presencia en la vida económica, académica y social, “sus condiciones se mantienen rezagadas frente al desarrollo de la región”.
En México, a mediados de 2015, vivían en localidades rurales unas 27.5 millones de personas, de las cuales 13.9 millones eran mujeres, siendo Oaxaca y Chiapas las entidades que concentraban el mayor número, seguido de Hidalgo, Tabasco y Guerrero.
El estudio revela que para el caso de la ciudad de México, esta localidad contabilizaba la menor proporción de mujeres rurales con alrededor de medio punto porcentual, cabe señalar que existen, por lo menos, comunidades de origen otomí, nahuas, mixe, entre otras más.
Cifras de la FAO e INEGI revelan que la mayoría de las mujeres rurales no cuentan con algún tipo de empleo, aunque reconoce que si trabajan con un aporte esencial a la economía rural a través de su elevada participación en el trabajo para el autoconsumo.
El mismo reporte indica que sus actividades laborales son: trabajadoras asalariadas y el ingreso promedio por hora es de 23.5 pesos, en contraste con los 33.3 pesos que ganaron las mujeres de las áreas más urbanizadas.
Además, revela que en 2014, el 85 por ciento de las mujeres de esta condición tenían como nivel máximo de escolaridad la educación básica o, no contaban con ninguna, y cerca del 5 por ciento de las niñas no asistían a la escuela.
También, que el 12.5 por ciento de las mujeres rurales no contaba con cobertura de salud y, que el 83.6 por ciento contaban exclusivamente con la asistencia del denominado Seguro Popular como única alternativa de servicio médico.
En materia de salud reproductiva, abunda el estudio, entre 1997 y 2014, la tasa global de fecundidad pasó de 3.92 a 2.81 hijos por mujer y que la tasa de fecundidad adolescente es de 99.6 hijos nacidos vivos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.
Dato relevante es que el 95.5 por ciento de ellas conocía algún método anticonceptivo. Al tiempo de que el 21 por ciento descartaron que se implementara una revisión posparto.
“Uno de los temas que más ocupa a los gobiernos de la región es la discriminación y la violencia, ya que, cifras de la comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, reportó en 2014, que 44.5 por ciento de las mujeres rurales opinaba que no se respetaban sus derechos humanos, una cifra similar consideraba que la sociedad no ayuda a las mujeres porque no conocen sus problemas”, cita.
En 2011, del total de mujeres de 15 años o más edad residentes en localidades rurales, casadas o unidas, 17.4 por ciento declaró haber padecido violencia emocional; 13 por ciento violencia económica; el 4.1 violencia física y sólo 2.8 violencia sexual.
Así las cosas, la pobreza en la población rural del país –según el Coneval– representa el 61.1 por ciento, frente al 41.7 por ciento de las zonas urbanas. De esas cifras 20.6 por ciento de los habitantes del campo vivía en pobreza extrema y 92.8 tenía al menos una carencia social y 46 por ciento enfrentaba tres carencias.
En general, para América Latina y el Caribe, en 2012 alrededor de 58 millones de mujeres vivían en las zonas rurales, de las cuales sólo el 17 por ciento formaba parte de la población económicamente activa, de las cuales apenas 4.5 millones eran productores agropecuarias. Y, otro dato relevantes es que apenas el 10 por ciento tienen acceso a créditos y la mitad de esa cifra a la asistencia técnica.
Cabe resaltar que a pesar de que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe las mujeres de las zonas rurales realizan gran parte del trabajo en la agricultura y, en muchos casos son las encargadas de producir alimentos para el autoconsumo y consumo familiar, el 40 por ciento no tienen ingresos propios.
Junto a esta realidad, las mujeres empleados en la agricultura reciben en promedio un salario 75 por ciento menor al de los hombres. En este rubro, la FAO advierte que el 54 por ciento de las trabajadoras agrícolas en América Latina y el Caribe están por debajo de la línea de la pobreza.
Ante estas cifras, sólo cabe la reflexión de la necesidad de intensificar los esfuerzos institucionales a nivel regional para impulsar el desarrollo de la mujer rural en la economía, en la educación, en la salud y en el reconocimiento de sus derechos.
“Hoy más que nunca, gobiernos y de la sociedad deben trabajar juntos para hacer justicia, sin más demora, a quienes conforman el poder económico no reconocido de las regiones rurales de América Latina y el Caribe”, señala el centro de estudios del Senado de la República.
