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GUADALAJARA, Jal., 27 de diciembre de 2016.- Ya se sabía que la flexibilización de los precios de las gasolinas y el diésel no podía ser automática ni inmediata. Desde octubre de 2015, la liberación de los combustibles fósiles –como se le conoce– fue incluida en el proyecto de decreto de la Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos de este año.
Entre las vicisitudes en relación con los mercados de los combustibles, previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, a partir de enero de 2018, los precios al público se determinarían bajo condiciones de mercado, situación que se adelantó para el año entrante.
Al entregar el Paquete Económico 2017 en septiembre de este año, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el propio secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, explicó sobre esta reordenación de moverse de un esquema en donde el precio era rígido, y en ocasiones se quedaba por arriba o por abajo del costo de la gasolina en el Mundo, a uno donde el combustible refleje el costo que implica, conforme se vaya ajustando en el mundo.
Por ello, el Gobierno federal propuso al Congreso que la liberalización se conduzca conforme a los dictámenes de dos entes autónomos con capacidad técnica de ir evaluando dónde y cuándo hay condiciones de competencia y capacidad.
El acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece a la Comisión Reguladora de Energía como una dependencia de la administración pública federal centralizada con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, que cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como con personalidad jurídica propia.
En la Ley de Ingresos 2017 se aprobó la emisión de los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años 2017 y 2018 los precios al público de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones de mercado y por regiones del país, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En las regiones del país en donde los precios al público de gasolinas y diésel no se determinen bajo condiciones de mercado y de conformidad con los acuerdos o el cronograma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecerá los precios máximos al público con base en el precio de la referencia internacional.
También se considerarán las diferencias en calidad, relativas entre regiones de costos de logística, así como entre centros de consumo de costos de distribución y de comercialización, y las diversas modalidades de distribución y expendio al público.
“En algunas de las zonas, por ejemplo, donde ya haya capacidad de competencia plena, se irá mandatando esta posibilidad de que el precio se mueva, hacia arriba o hacia abajo, con las circunstancias de mercado”, dijo entonces el titular de Hacienda.
Añadió que donde no se encuentren condiciones de competencia, por haber enfrentado riesgos de abuso o de falta de abasto, ahí se habrá de seguir interviniendo. De ahí que se esté planteando ir de una forma ordenada y gradual.
La publicación en el DOF de este 26 de diciembre sobre el tema de la flexibilización de las gasolinas señala que “los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio en Durango (Zona Norte) cuentan con el 30 por ciento de las estaciones de servicio en el país, así como con el 40 por ciento de los distribuidores de gasolinas y diésel, adicionales a los tres sistemas de transporte por ducto y el 28 por ciento de los sistemas de almacenamiento permisionados en el país”.
Apunta que “la cercanía con la frontera norte, así como los puntos de importación marítima permitirán a las estaciones de servicio ubicadas en los estados de la frontera norte contar con alternativas de suministro de fácil acceso, así como transporte por medios distintos a ducto para recibir producto de fuentes de producción cercanas en los Estados Unidos”.
El calendario de flexibilización de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y las reformas en la Ley de Ingresos 2017, emitido por la Comisión Reguladora de Energía, establece el 30 de marzo de 2017 como fecha de inicio de determinación de precios por condiciones de mercado en áreas de aplicación en Baja California y Sonora.
El 15 de junio del próximo año en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio en Durango; 30 de octubre de 2017 en Baja California Sur, Durango y Sinaloa.
El 30 de noviembre de 2017 en Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y el 30 de diciembre de 2017, en una etapa final, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Al 1 de diciembre de este año, se han otorgado 269 permisos de distribución, 145 permisos de comercialización y 386 permisos de importación que pueden ofrecer la venta de gasolinas y diésel a usuarios finales y estaciones de servicio.
En paralelo, se encuentran en desarrollo inversiones para nueva infraestructura privada, como es el caso de cuatro proyectos de almacenamiento y uno de distribución que obtuvieron permiso en 2016. Adicionalmente, se han otorgado mil 603 permisos de transporte por medios distintos a ducto, que permiten ofrecer alternativas de transporte.