Galindo Ceballos arribó a la PF cuando Manuel Mondragón y Kalb tomó las riendas de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en diciembre de 2012, durante su estancia tuvo decisiones que generaron la molestia de defensores de derechos humanos.
Los 43 de Ayotzinapa, primer tropiezo
Con las diligencias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se demostró la participación de algunos elementos de la PF en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Los señalamientos indicaban que, por lo menos, una decena de uniformados federales no intervinieron y solaparon a que los policías estatales y presuntos sicarios del grupo de “Guerreros Unidos” mataran a algunos estudiantes y se llevaran a los 43 restantes, en septiembre de 2014.
La revelación de esta información provocó que varias Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y políticas pidieran la renuncia de Enrique Galindo, sin embargo, no sucedió y se mantuvo para seguir con las investigaciones y paradero de los jóvenes.
Chilapa, la segunda piedra
En mayo de 2015 se dio el caso de hombres armados que tomaron la comunidad de Chilapa, Guerrero, amenazaron a los habitantes y se instaló el estado de queda, además de que secuestraron a poco más 10 personas como medida de presión para que el alcalde dejara su cargo.
Este hecho obligó a que la PF ingresará para repeler a los civiles armados que habían tomado la ciudad, pero ante la proximidad de las elecciones locales en el Estado los problemas ya no serían con los sicarios, si no con la población.
En junio de ese año se tuvieron enfrentamientos entre los federales con habitantes de Chilapa, quienes acusaban de que se cometieron diferentes tipos de delitos electorales y se negaban a entregar las casillas.
Ante la poca habilidad de negociar con los residentes, los elementos ingresaron en un operativo especial para retomar la ciudad, que dejó a un presunto maestro muerto debido a que recibió un balazo ante el avance de los policías.
Tanhuato, la masacre sin resolver
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que el pasado 22 de mayo de 2015, la PF asesinó de manera arbitraria a 22 de las 42 personas, al parecer sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho del Sol, en Tanhuato, Michoacán.
Al emitir la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos 4VG/2016, el Ombudsman Luis Raúl González Pérez detalló que los homicidios son atribuibles sólo a elementos federales.
En tanto, la CNDH también corroboró que cuatro personas más fallecieron por uso excesivo de la fuerza, mientras que la situación en que fallecieron otros 15 civiles no pudo ser corroborada.
Ante el escándalo, nuevamente la opinión pública exigió la investigación y separación de Enrique Galindo por aprobar este operativo, donde se dio esta masacre.
Nochixtlán, la salida
El 19 de junio de este año, Galindo Ceballos insistió y mintió en que sus elementos no ocuparon y accionaron armas de fuego en el operativo contra profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que dejó al menos ocho personas fallecidas.
Cuando agencias internacionales mostraron fotografías que muestran a policías federales con armas de fuego, la CNS no tuvo otra opción que aceptar lo que las imágenes enseñaron y el ahora ex comisionado cambió su discurso y adhirió que sí se utilizaron, pero sólo para replegar a los manifestantes.
Ante la presión de Organizaciones internacionales de Derechos Humanos por la falta de aplicación de protocolos para tratar las actuaciones policiacas, así como la omisión y conocimiento en el estado de derecho y de las leyes, obligó a que se separara a Galindo Ceballos de forma unánime.
Fuente: Quadratín México
