La secretaria de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de la Comisión de Derechos Humanos solicitó a la Cámara de Diputados apoyar este exhorto, sobre la base de que el Estado Mexicano firmó en 2007 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Señaló que pesar de los casi 10 años transcurridos de entonces a la fecha y de que en el capítulo México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo –de hace tres años– el gobierno se fijó como objetivo prioritario el que todas las autoridades asumieran el respeto y garantía de los Derechos Humanos como práctica cotidiana, esto no se ha cumplido.
Desde marzo de 2015 –recordó Gaytán–, el Comité Internacional recomendó al gobierno crear un registro único de personas desaparecidas para contar con estadísticas que contribuyeran al diseño de políticas públicas, dado que las desapariciones forzadas en México son un problema generalizado.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, decía entonces el Comité Internacional.
A su vez, el Grupo de Trabajo respectivo de Naciones Unidas reclamó en septiembre de 2015 la inexistencia del diagnóstico que permitiera desarrollar medidas integrales y efectivas para prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación.
La insistencia de esos organismos en la falta de diagnóstico y estadísticas –dijo Gaytán Hernández– es porque ni siquiera se tiene certeza de cuántas personas se han visto afectadas y solo nos enteramos a través de los medios de comunicación, organizaciones civiles y redes sociales que denuncian numerosos casos que siguen en impunidad.
Dado el diseño de creación legislativa que tenemos –agregó Gaytán–, nada le garantiza a la sociedad que contará a la brevedad con la Ley General en la materia, que estructure y dé forma a un verdadero registro nacional de personas desaparecidas
Aun así –continuó– los legisladores “no podemos ignorar la gravedad de que terribles hechos de este tipo ocurren de forma recurrente en nuestro país, dejando heridas abiertas y a las víctimas en un estado de completa indefensión”.
“De ahí la importancia que tiene que el Comité Internacional conozca de casos en particular y nos permita avanzar de un país señalado por estos actos a un país que investiga, sanciona y previene la desaparición forzada de personas”, señaló.
Reiteró que aunque México es desde abril de 2007 parte de la Convención Internacional y en ésta se prevé la creación del Comité para recibir y examinar comunicaciones de quienes se consideren víctimas, esto sólo procede cuando el país le reconoce la competencia respectiva a dicho Comité.
“México no lo ha hecho y es necesario que subsane esa omisión”, concluyó al proponer un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados para que haga el exhorto respectivo al gobierno.
