Como respuesta a la solicitud, el ISSSTE señaló que la información se encontraba clasificada, porque su difusión podría incrementar el costo de operación financiera realizada por los sujetos obligados del sector público federal, ya que las tiendas del ISSSTE tienen un desempeño con pérdidas operativas desde hace ya varios ejercicios.
Adicionalmente, indicó que se afectarían las negociaciones con los proveedores en la compra de mercancía, pues al conocer las condiciones de pago éstos podrían exigir la liquidación total del adeudo y suspender el suministro adicional lo cual ocasionaría un desabasto de las unidades de venta y con ello el incumplimiento del objeto social para las que fueron creadas las tiendas.
Inconforme con la clasificación, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI. En alegatos, el ISSSTE reiteró su respuesta.
Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana expuso que las tiendas del ISSSTE conocidas como SuperISSSTE son de carácter social y tienen como objetivo incrementar el poder adquisitivo del ingreso económico de la población mexicana a partir de un esquema de comercialización de productos de consumo básico, así como de medicamentos con los mejores precios del mercado.
Sin embargo, señaló que desde 2012 estos centros de abasto han enfrentado un escenario económico desfavorable. A manera de ejemplo, indicó que, de acuerdo con las notas a los estados financieros publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hubo una diferencia entre los ingresos y los gastos en 2012 de más de 564 millones de pesos.
Al respecto, la comisionada refirió que la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2014 hizo algunas observaciones que permiten comprender parte de las razones de la situación actual de los comercios, entre éstas, el hecho de que cada tienda realizó pedidos de compra de manera individual, sin que mediara una estrategia definida, lo que provocó una mezcla inadecuada de productos, así como problemas de sobre inventario o desabasto.
Adicionalmente, señaló que la autoridad fiscalizadora comprobó que SuperISSSTE no mantiene un control que asegure la eficacia y eficiencia del gasto financiero de sus ingresos y afirmó que los déficits producidos por dichas fallas administrativas los ha cubierto el ISSSTE mediante transferencias de recursos, como los 500 millones de pesos referidos por el particular.
En el análisis del caso, se advirtió que la información solicitada no se relaciona con la estabilidad de la moneda o con los sistemas financieros, como argumentó el sujeto obligado, aunado a que se determinó que se trata del ejercicio de recursos públicos, a cargo del ISSSTE, por lo que debe permear el principio de transparencia, establecido en la Constitución.
Por otra parte, se corroboró que el propio sujeto obligado ya había dado a conocer la forma en que se ejercieron los 500 millones de pesos, e, incluso, el propio director del SuperISSSTE mencionó, en un comunicado de prensa, que se liquidó el cien por ciento de sus deudas con 212 proveedores, mientras que con 105 restantes estaba cubierto el 34 por ciento de los compromisos.
En ese sentido, se concluyó que el argumento del ISSSTE de que al dar a conocer la información se verían afectadas sus negociaciones con los proveedores no encuentra sustento, pues cada actor conoce su situación individual, adicional a que lo requerido no daría cuenta de la manera en que se concretó la negociación con cada uno.
Finalmente, la entidad manifestó que se podría ver afectado un derecho constitucional como lo es la venta de productos básicos y bienes de consumo a bajos precios para los trabajadores del Estado; no obstante, se verificó que dicho derecho no se ve lastimado pues no existe nexo causal entre la información solicitada y el desabasto.
La comisionada Areli Cano afirmó que es necesario transparentar los detalles de la información relacionada con los recursos públicos destinados al pago de proveedores, a fin de que la sociedad conozca las acciones para dotar de viabilidad a estos establecimientos, que juegan un papel social importante para el beneficio de la economía de las familias.
“La transparencia del caso servirá como punto de comparación para futuros ejercicios de fiscalización, en los cuales resulta más sencillo identificar los cambios, productos de la infraestructura propuesta por las tiendas ISSSTE, y por tanto, coadyuvar a la eventual exigencia de rendición de cuentas en caso de advertirse que persisten los malos manejos, o bien, servirá para el reconocimiento de las mejoras”, enfatizó.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta del ISSSTE y le instruyó entregar al particular una relación de la forma en que se ejerció el apoyo de los 500 millones de pesos transferidos del ISSSTE al SuperISSSTE, precisando proveedor, fecha de pago, adeudo total, cantidad y el saldo insoluto restante.
