GUADALAJARA, Jal., 18 de septiembre de 2016.- Mauricio, de 50 años, es dueño de una pequeña tienda de abarrotes en el Centro Histórico de la capital. El producto estrella de su negocio es el refresco. Más de 400 botellas salen diariamente de su local, lo que equivale a más de seis mil pesos por un solo producto. En 2014 el gobierno decidió aplicar un impuesto especial a este tipo de bebidas, mejor conocido como IEPS. Sus objetivos principales: disminuir el consumo y con esto bajar las cifras de obesidad en el país. Nada ocurrió. “Lo que ha pasado es que ahora se van por marcas más baratas, pero siguen comprando refresco”, cuenta el vendedor.
El dinero obtenido por este impuesto no tiene un fin en concreto. “No existe un mecanismo que permita identificar el destino específico de los recursos recaudados mediante el IEPS”, respondió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante una solicitud de acceso a la información realizada por la Unidad de Datos de EL UNIVERSAL. Hay 53 mil millones de pesos, lo que ingresó entre 2014 y julio 2016, de los que ninguna autoridad puede decir en qué se ocuparon.
Desde 2012 la obesidad se podía considerar como una epidemia en México. La mitad de la población adulta tenía sobrepeso. Para contrarrestar la estadística, el 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que todas las bebidas azucaradas, incluyendo el refresco, tendrían un impuesto de un peso por litro. Con este gravamen se esperaba una reducción en el consumo de hasta 40 litros anuales por persona. Las cifras de 2016 muestran que sólo se redujo seis litros, hay más de un millón de nuevos casos de obesidad y las refresqueras lograron evadir la medida al trasladar el costo al consumidor.
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