Falta de acceso a derechos básicos limita a personas con discapacidad

GUADALAJARA, JAL., 11 de junio de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la falta de acceso a los servicios de salud, rehabilitación, entretenimiento, cultura, educación empleo y asistencia para convertirse en verdaderos titulares de derechos y obligaciones, con respeto a sus derechos fundamentales, provoca que 7.2 millones de personas con discapacidad vean limitado su potencial para contribuir al desarrollo del país. 

Destacó que algunos de los retos específicos que enfrentan las personas con discapacidad son falta de estrategia nacional y de largo plazo en la toma de conciencia para cambiar el enfoque asistencialista de políticas públicas y la actuación de la población hacia ese sector; débil coordinación interinstitucional e intersectorial en los tres órdenes de gobierno; falta de un plan nacional de accesibilidad, y comprender que el derecho a la educación es amplio y debe abarcar desde la primera infancia y prolongarse a lo largo de la vida.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al señalar que entender la discapacidad como un fenómeno natural a la condición humana y a las personas con discapacidad como titulares de derechos ha sido un cambio de paradigma difícil de asimilar por personas e instituciones, para traducirlo en actitudes, políticas y programas que garanticen la inclusión plena en la sociedad de ese grupo poblacional.

Señaló que la CONADIS es la garantía del Estado Mexicano comprometida con el Comité de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad para el cumplimiento de la Convención de Derechos, de Protección de Derechos de Personas con Discapacidad; subrayó la importancia de que ese Consejo se fortalezca y pronto se nombre a su titular, y lamentó que sus representantes no hayan acudido a este encuentro; aseguró que habrá ocasión de seguir impulsándolo.

Al participar en la inauguración del Foro Derechos Humanos de las Personas con discapacidad en el Siglo XXI: Logros y Retos”, apuntó que la citada Convención fue promovida por nuestro país ante las Naciones Unidas, y a 11 años de su entrada en vigor aún hay muchos retos para que el sueño que representa se convierta en realidad a nivel mundial. 

Acompañado por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán; la titular del Sistema DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, González Pérez refirió el Informe Especial de la CNDH sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas, presentado el 4 de diciembre de 2018, y recordó que de los 25 rubros de ese Informe se esperaban 800 respuestas de las 32 entidades federativas y solo se obtuvieron 541 (67.6 por ciento), al no recibir respuesta alguna de los estados de Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit, y añadió que en armonización legislativa respondieron 23 entidades; en toma de conciencia, 27, y acceso a la justicia, 23, mientras que temas como igualdad y no discriminación; niñas y niños con discapacidad; mujeres con discapacidad; accesibilidad; educación; rehabilitación; vida independiente; igual reconocimiento como persona ante la ley, y participación política muestran importantes rezagos. 

En su oportunidad, la Senadora Kenia López Rabadán subrayó la necesidad de armonizar las legislaciones nacional y local con la mencionada Convención para garantizar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos humanos, y destacó que se deben impulsar presupuestos públicos con perspectiva de derechos humanos para esa población; asegurarle el acceso a la justicia sin obstáculos y sensibilizar a la sociedad.

Subrayó la importancia del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), cuya exigencia no puede obedecer a vaivenes gubernamentales, y dijo que sin esta dependencia no hay programa integral, y sin éste no hay acciones transversales con políticas públicas para atender a la población con discapacidad que considere su inclusión.

Además, se refirió a la importancia de la Recomendación 29/2019 de la CNDH sobre Estancias Infantiles, a efecto de restituir los derechos que fueron violados a diversas personas por la cancelación de ese servicio, entre otros, los derechos de las niñas y niños con discapacidad que ahí eran atendidos.

La Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez, mencionó el necesario trabajo para eliminar todo tipo de obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad.

Por ello, destacó que el DIF comparte la propuesta de Agenda Básica de Derechos Humanos 2019 que contempla entre otros rubros el empoderamiento a grupos de atención como las personas de este grupo poblacional, es por ello que se debe transitar de asistencialismos a modelos de construcción que les garanticen sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales.

Por su parte la Presidenta del CONAPRED, Alexandra Hass Paciuc, planteó la necesidad de políticas públicas medibles y evaluables que atiendan a las personas con discapacidad de manera integral y que abarquen todos los aspectos de su vida, y no enfocarnos en el aspecto médico, para lo cual se requiere la participación de varias Secretarías de Estado, de los tres niveles de gobierno, armonizar leyes y reglamentos conforme a la Convención.