Diputados panistas intentaron “salvar” a magistrado Alberto Barba

GUADALAJARA, Jal., 6 Marzo 2017.- La comisión de responsabilidades que está mayoritariamente integrada por diputados de Acción Nacional intentó proteger al magistrado Alberto Barba de las solicitudes de juicio político que se habían presentado en su contra, la justificación para declarar improcedente la acciones administrativas en su contra según señaló el diputado presidente de la mesa directiva, Ismael del Toro Castro era que no podían invadir poderes.

“Eran argumentos, insisto, para quererlo salvar, respecto a que el Poder Legislativo no puede tener injerencia en las decisiones del Poder  Judicial. Sí el problema es que sí las decisiones del Poder judicial afecta a terceros y el tercero es el que se pero queja, pues por supuesto que está en todas las facultades, así era de endeble el intento de argumento jurídico, decían que como son libres  en sus facultades de juzgar no podemos determinar cómo se juzga, cosa que no se va a hacer, sino que la consecuencia que tienen los actos en los que su libertad realizaron con supuesta justicia  y que afectaron a terceros”, detalló el legislador.

Expresó que es claro que el magistrado del TAE incurrió en violaciones al ordenar en sus resoluciones licencias de construcción, por lo que asegura que existen pruebas suficientes para que procedan las solicitudes de juicio político en su contra. El diputado  manifestó que había reticencia de los panistas, pero finalmente se llegó a un acuerdo político para que estas solicitudes avancen en la comisión.

“En diciembre absurdamente se pretendía sacar un dictamen que desechaban la iniciativa de juicio política, y bueno obviamente nos opusimos a ello y se ha trabajado tanto en lo jurídico como en el diálogo entre fracciones  para que el dictamen sea por la vía de sanción, todavía no está resuelto la comisión tendrá que  sesionar en próximos días para ver la sanción en que temporalidad corresponde”, indicó.

Del Toro Castro manifestó que con la solicitud de juicio de procedencia penal que presentó la secretaria general de gobierno, en contra del magistrado del Tribunal de lo Administrativo  tratarán que salgan a la par de los juicios políticos presentados por los alcaldes de Guadalajara y Zapopan en contra de este funcionario por permitir construcciones irregulares a desarrolladores inmobiliarios.

El diputado recordó que con el juicio de procedencia penal el congreso autoriza el desafuero para que pueda ser procesado por el ministerio público,  mientras que con el juicio político se conseguiría  la inhabilitación en cargos públicos.