CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero de 2019.- Legisladores, expertos en materia de seguridad pública y en derechos humanos, así como académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil contrastaron posturas en torno a la creación de la Guardia Nacional, propuesta por el gobierno federal.
Durante las audiencias públicas sobre este tema, que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, algunos se manifestaron a favor de contar con este cuerpo de seguridad, mientras que otros advirtieron implicaciones en materia de derechos humanos.
El diputado federal de Morena, Javier Hidalgo Ponce, habló a favor de la Guardia Nacional y llamó a la oposición a entrar en materia sobre este tema y no «torpedear las propuestas».
A su vez, Dante Delgado Rennauro, de Movimiento Ciudadano, señaló que «hay que darle seguridad y justicia al pueblo de México», lo que le dará contenido a la reforma constitucional sobre la Guardia, a la de uso legítimo de la fuerza y a la general de registro de detenciones.
Expresó que Movimiento Ciudadano ha planteado la necesidad de recibir esas iniciativas antes de aprobar la reforma al artículo 21 constitucional. “Desde luego que será un honor el que pudieran participar en la corrección y reorientación de estas iniciativas, y por eso hemos urgido al Ejecutivo federal las envíe a la Cámara de Senadores.
“Notifico al pleno de este recinto, que ya formalmente hemos solicitado a la Junta de Coordinación Política del Senado que proceda en consecuencia, de lo contrario, Movimiento Ciudadano tendría que votar en contra, e invitaríamos a las demás fracciones parlamentarias que logramos tener las dos terceras partes”, señaló.
En tanto, la diputada perredista, Verónica Juárez, aseveró que su partido se ha manifestado en contra de la militarización «y lo vamos a seguir sosteniendo: estamos en contra que la seguridad pública esté al mando de militares».
Afirmó que la responsabilidad es tanto de quienes gobernaron en otros años como desde quien hoy es mayoría, por lo que planteó “de una vez por todas, tomar definiciones y no echarle la culpa al pasado, y que asumamos la responsabilidad histórica que tenemos en este momento”.
La legisladora finalizó su intervención preguntando: “¿Cuáles serían las consecuencias para México, en términos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en caso de que se aprueben las reformas y éstas sean impugnadas?».
Finalmente, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que se discute una reforma de gran calado que repercutirá a generaciones venideras, por lo que «tenemos que ser muy cuidadosos de la decisión que vamos a tomar».
En ese sentido propuso a la sociedad civil, en aras de ayudarle al presidente de verdad, construir un sistema nacional de seguridad que permita resolver los graves problemas.