Cofece advierte riesgos por adjudicaciones directas en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre de 2018.- Las reformas a las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados y de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, aprobadas por el Congreso de Tabasco, traerían graves afectaciones al proceso de competencia y libre concurrencia en las contrataciones públicas en dicha entidad.

Así lo consideró la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a través de un comunicado, a cargo de Alejandra Palacios, después de que la mayoría del Congreso estatal diera su aprobación el pasado 26 de septiembre.

El organismo señaló que las reformas amplían el margen de discrecionalidad de la autoridad en la asignación de contratos, al extender los supuestos de excepción a la licitación pública y la adjudicación directa de contratos, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público.

Por ello, la Cofece remitió al gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, una serie de recomendaciones al decreto, y le propuso devolverlo al Congreso del estado a efecto de revisar los planteamientos formulados por esta Comisión.

Ello, con el objetivo de garantizar que el decreto se apegue a lo establecido en los artículos 134 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dijo que las licitaciones públicas son el medio idóneo para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la contratación de obras, bienes y servicios, como lo mandata el Artículo 134.

Mientras que el artículo 28 constitucional establece principios de libre concurrencia y competencia, que deben regir la actuación de todos los órdenes de gobierno.

Además, señala que las leyes deben fijar modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de servicios y utilización de bienes, y eviten concentraciones adversas al interés público.

La Cofece aseveró que este decreto justifica la reforma con un elemento temporal y poco sustentando —la necesidad de permitir el rápido desarrollo de refinerías, así como las obras accesorias para su funcionamiento—, sin especificar cómo al eliminar los concursos públicos se logra el desarrollo más rápido de proyectos energéticos.

Por el contrario, indicó que la experiencia demuestra que la asignación directa de proyectos reduce las ventajas en cuanto a precio y calidad que genera la presión competitiva resultante de un concurso público o licitación.

«Es precisamente en proyectos de magnitud relevante cuando, con mayor razón, es deseable atraer al mayor número de posibles proveedores o contratistas para elegir, entre estos, la opción que asegure las mejores condiciones de contratación y evitar el pago de sobreprecios que dañan directamente al erario», acotó.

Al descartar el uso de métodos competidos en las contrataciones se favorece también la contratación de empresas poco eficientes, al comprometer la permanencia de competidores capaces de ofrecer mejores alternativas de calidad y precio a las instituciones públicas.

Con ello se distorsiona el mercado con daños que van más allá de un solo proceso de contratación pública, añadió.