En el expediente CNDH/5/2015/4267/Q se advierte, según el dicho de la quejosa, que alrededor de las 19:26 horas del 20 de mayo de 2015, seis agentes de la Policía Federal Ministerial, entre ellos una mujer, realizaron un operativo de revisión antes de llegar a la caseta de cobro 67, “Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime”, ubicada en el límite de Minatitlán e Ixhuatlán del Sureste de Veracruz, en donde sustrajeron unas maletas de la cajuela del automóvil de la agraviada, en una de las cuales localizaron una caja de perfume que contenía el dinero.
De acuerdo con el dicho de la quejosa, después llegó otro policía a quien le decían “el comandante”, quien dijo a la agraviada que “la iban a trasladar”, y enseguida le ordenó quitarse las joyas y entregarlas a la mujer policía; sin embargo, la afectada se negó y le comentaron: “por eso amanecieron tres muertos”.
También le quitaron el teléfono celular para impedir que se comunicara con su esposo, aunque después se lo regresaron y continuaron con amenazas que se la iban a “llevar”.
Alrededor de las 21:00 horas llegó una patrulla de la Policía Federal y, según la quejosa fue el momento en que la mujer policía tomó los 150,000 pesos, dio una parte a uno de sus compañeros que estaba dentro del auto, amenazándola para que no comentara nada y siguiera su camino hacia Villahermosa, Tabasco.
La agraviada pernoctó en Coatzacoalcos, Veracruz, y al día siguiente acudió con su esposo a denunciar los hechos ante el Agente del Ministerio Público de la Federación en dicha ciudad, pero se percató que el escudo que portaban los policías que efectuaron la revisión de su vehículo era el mismo que estaba en la agencia ministerial, lo que le dio temor y acudió a la CNDH a presentar su queja.
Esta Comisión Nacional se pronuncia única y exclusivamente respecto de las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, cometidos en contra de la agraviada, siendo la autoridad ministerial federal la competente para la determinación de las posibles conductas delictivas que denunció la agraviada y que quedaron señalados en dicha Recomendación.
Resultado de sus investigaciones la CNDH concluyó que tres agentes del Ministerio Público de la Federación que tuvieron bajo su responsabilidad la integración de las indagatorias de las averiguaciones previas 1 y 2 iniciadas con motivo de los hechos, incidieron en irregularidades al no observar las obligaciones previstas en los artículos 17 y 21 constitucionales, y transgredir el derecho humano de la agraviada a la procuración de justicia.
También destacó que cuatro policías federales ministeriales vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, al realizar un operativo de revisión de vehículos sin sustento legal, con lo que omitieron lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de la PGR.
Por ello, la CNDH solicita a la PGR reparar el daño a la agraviada y proporcionarle atención psicológica; incluir en la Averiguación Previa 2, copias del presente pronunciamiento, garantizar la debida procuración de justicia y respetar los derechos de la víctima, así como colaborar en la denuncia que este Organismo Nacional inicie contra tres servidores públicos y la investigación administrativa contra siete autoridades responsables y demás servidores públicos involucrados en los hechos.
También, se capacite a los elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Delegación de la PGR en Veracruz en materia de derechos humanos y se emita una circular en que se les exhorte a cumplir con la normatividad aludida en el presente pronunciamiento, para garantizar la no repetición de hechos como éstos.
De igual manera, se debe capacitar a los Agentes del Ministerio Público de la Federación y personal auxiliar de la Delegación de la PGR en el Estado de Veracruz en materia de derechos humanos, instruir que en la instalación de retenes exista oficio de comisión en que se funde y motive esa acción, y se establezcan reglas de respeto a los derechos humanos.
Asimismo, inscribir a la agraviada en el Registro Nacional de Víctimas, para que tenga acceso en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, prevista en la Ley General de Víctimas.
