Ayotzinapa, 4 años sin los 43

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de septiembre de 2018.- Si existiera otra fecha “que no se olvida” —como el 2 de octubre de 1968— esa sería la noche del 26 de septiembre de 2014. Este día es miércoles, pero hace cuatro años era viernes.

Uno de los días más aciagos para la historia del país al ocurrir un caso que aún persiste en la memoria de los mexicanos: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Durante septiembre de 2014, jóvenes normalistas presentaron ante el Gobierno del estado de Guerrero, en ese entonces con Ángel Aguirre Rivero al frente del ejercicio político, y la Secretaría de Educación estatal, una serie de solicitudes relacionadas con alimentación, material didáctico, becas estudiantiles, entre otros.

La respuesta del Estado fue brutal, según testimonios de sobrevivientes: cuatro episodios de violencia, tres estudiantes y tres civiles muertos. Y 43 más desaparecidos.

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entiende por el delito de desaparición forzada: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Más tarde, la propia Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que la noche del ataque a los normalistas de Ayotzinapa habría dejado más muertes.

Esto, después de que en la versión pública del expediente del caso PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014, se tuvo registro que en un cuarto punto se encontraban más personas fallecidas frente al Palacio de Justicia de Iguala, la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

En la mañana de aquel sábado, se encontró sin vida y con el rostro desollado a Julio César Mondragón. El caso cobró más relevancia debido a la magnitud de los hechos.

Al inicio de las indagatorias se reportó la desaparición de 57 normalistas presuntamente agredidos y secuestrados por policías municipales de Iguala. Más tarde, el 30 de septiembre, se rectificó: 14 se encontraban en sus casas.

Entonces el número de normalistas desaparecidos se fijo en 43. La presunta participación de los elementos del Ejército mexicano y de elementos de Seguridad Pública Federal en la desaparición de los jóvenes causo conmoción a nivel nacional e internacional, a tal grado que las protestas no se hicieron esperar en apoyo a los padres y madres.

Se dice que el Gobierno federal nunca pudo recuperar de este golpe para la administración en lo que restó del sexenio.

En enero del 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam resolvió que los 43 estudiantes habían muerto calcinados en un basurero de Cocula a manos de miembros del crimen organizado, a lo que le denominaron “verdad histórica”.

Desde entonces, salió a la luz pública diversos informes sobre el caso de organismos internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

Un sinfín de irregularidades y omisiones en la investigación, tortura de imputados, y hasta la presentación de personas con identidades falsas contradijo la famosa verdad histórica.

El informe del GIEI aseguró que la autoridad ocultó y manipuló información de la investigación, al no recabar el material probatorio idóneo y suficiente, al no cumplir con los protocolos criminalísticos en el procesamiento de los lugares del hecho y del hallazgo, y al alterar la escena del crimen.

También indicó que se construyeron testimonios a modo para sustentar la versión que informó públicamente el gobierno.

A cuatro años de la noche de Iguala, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas determinó que la indagatoria realizada por la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

No existían “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de inculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

La sentencia ordenó reponer el procedimiento y pidió al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

Ante esta resolución judicial se propuso crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR, con la participación de las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales.

Pero el Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas, a cargo del magistrado Sabino Pérez, ordenó suspender la creación de la multicitada comisión de la Verdad y la Justicia, pues, el fondo del asunto establece que existe imposibilidad real, material y jurídica para su creación.

El pasado jueves 20 de septiembre del presente año, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas por unanimidad de votos concluyó que existe sustento constitucional, convencional y legal para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.

En cuatro años de que la sociedad exige: “nos faltan 43”, para ellos el gobierno mexicano no ha sido capaz de aclarar contundentemente lo que ocurrió ese día, ni los motivos por los cuales sucedió.

Peor aún, resultan inverosímiles para los familiares las pruebas que el Gobierno les refiere como fehacientes de dónde se encuentran los normalistas.

En torno al caso Ayotzinapa, los resultados han sido considerados una muestra del deterioro de las instituciones de procuración de justicia, un hecho que acumuló situaciones inaceptables y aterradoras de un Gobierno federal sin empatía con las víctimas, del cual ha quedado demostrado con la manipulación de los procesos judiciales.