Se añadió en un comunicado que, dicho foro tuvo como objetivo analizar las propuestas legislativas que buscan regular las tareas de las Fuerzas Armadas en el país, así como estudiar las alternativas a la militarización de la seguridad pública.
Al encuentro acudieron diversos expertos quienes expusieron los retos, necesidades y riesgos de ampliar la militarización de la seguridad interna en nuestro país.
El investigador Carlos Silva del Instituto de Jurídicas de la UNAM, mencionó que se requiere contar con sistemas de medición e indicadores para entender y analizar el uso de la fuerza, así como contar con indicadores públicos confiables que permitan estudiar las actuaciones de las Fuerzas Armadas.
El profesor Julio Ríos del CIDE enfatizó que el objetivo para usar la fuerza en conflictos internos no debe ser ganar la guerra, sino restablecer el orden. Si bien las fuerzas armadas cuentan con la confianza de la ciudadanía, el uso reiterado y arbitrario de la fuerza terminará por mermar la legitimidad democrática de estas instituciones.
Los expertos coincidieron en que el marco jurídico para regular la participación de las fuerzas armadas debe contener límites temporales, geográficos y sustantivos considerando experiencias y ejemplos internacionales. Asimismo, Ximena Medellín del CIDE, calificó de graves las propuestas de Ley que se han hecho al respecto ya que no logran distinguir conceptos básicos como seguridad pública, seguridad nacional, y seguridad interior. Sugirió que el ejército debería más bien participar en tareas humanitarias con Naciones Unidas para fortalecer el multilateralismo y alianzas de nuestro país.
Eduardo Guerrero, experto y consultor en seguridad, señaló que de los operativos militares puestos en marcha en la administración de Calderón, solo el primero, Michoacán, fue exitoso pero no así las intervenciones que le siguieron. Asimismo, expuso que pasamos de tener 8 homicidios por cada cien mil habitantes en el 2007 a 24 en 2011, triplicando dicha tasa. Lo que significa que la estrategia de militarización no ha sido exitosa. También destacó los retos en materia de derechos humanos y también las necesidades y situación del ejército.
Eunice Rendón, experta en seguridad y prevención, ahondo en la necesidad de contar con estrategias integrales para reducir los efectos y causas de la violencia y el delito, es decir con acciones de reacción pero también con tareas de prevención social, entendiendo la multidimensionalidad del delito. Asimismo, considera fundamental mejorar y construir capacidades en las fuerzas locales que no ha logrado consolidarse y es la única forma de contar con sustentabilidad en materia de seguridad, el involucrar al ejercito en estas tareas ha postergado dicha capacitación y ha hecho que los Estados muchas veces se deslinden del problema y sea solo la federación quien esté a cargo de estas tareas.
Catalina Pérez Correa, destacó que ninguna legislación en la materia debe hacerse sin fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y control. Sin ello, solo se fortalecerán las condiciones para el uso ilegitimo de la fuerza letal. Expresó que tanto la propuesta del senador Gil como la del diputado Camacho pisan el acelerador a una estrategia que no ha mostrado dar resultados positivos en materia de seguridad pública. A diez años de lanzada la guerra contra las drogas los homicidios han crecido, como otros delitos. Queremos que sean las autoridades civiles quienes lleven a cabo las tareas de seguridad pública y tener un plan de salida de las fuerzas armadas y que solo en casos específicos y con objetivos claro, intervengan estas, dijo. Donde sí actúen las Fuerzas Armadas, se requiere de frenos y contrapesos por parte del congreso y del poder judicial.
Vidal Llerenas dijo que hay una partida de nueve mil 500 millones de pesos para seguridad que no tiene rendición de cuentas y nadie puede saber cómo se gastan, asimismo, menciono que la única forma de resolver el problema de seguridad es que si contamos con una visión integral, hay un reto político al respecto y existen riesgos inminentes de contar con iniciativas como las que se proponen.
Ximena Andión de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, mencionó que ambas iniciativas son inconstitucionales y no abordan el problema de fondo, destacó la importancia de ver a los derechos humanos como algo contrapuestos a la seguridad. Subrayó que la propuesta de Gil Zuarth pretende sustituir y subsidiar tareas de fuerzas locales, en el caso de la propuesta de Camacho va más allá y propone responsabilidades muy amplias para los militares. La fuerza letal debe ser el último recurso y no debe usarse para resolver cualquier conflicto de seguridad, como hoy sucede. La iniciativa propone un régimen de excepción de derechos fundamentales, limitando y violentando derechos humanos de los ciudadanos.
