Al Informe presidencial debe acudir el Presidente: PRD

En la argumentación de su iniciativa, ambos legisladores deploraron que con la reforma constitucional de 2008 prácticamente se legalizó exentar al Ejecutivo Federal de su obligación de responder y aclarar las dudas sobre su versión en cuanto a su conducción y la situación del país.

Coincidieron en que las cosas no eran mejores antes de esa reforma, pues el día del informe era simplemente de lucimiento para el Presidente ante un Congreso sumiso, pero destacaron que en lugar de propiciar una relación más fructífera entre Legislativo y Ejecutivo para beneficio de la ciudadanía, se dio un retroceso al limitar el informe presidencial a un mero acto burocrático consistente en la entrega de un documento.

Así, antes de la reforma de 2008, la sede del Congreso sólo servía al Ejecutivo para pleitesías, actos faraónicos, recibimientos apoteóticos y adhesión de voluntades políticas luego de un desfile propio de regímenes totalitarios, pero en lugar de avanzar a un estatus más dingo, el Congreso renunció prácticamente a una de sus facultades: traer a cuentas al Presidente en su calidad de Jefe del Estado Mexicano y Jefe de Gobierno.

Eso –dijeron Ortega Álvarez y Martínez Neri– es inadmisible, pero lo es más porque la reforma de 2008 demostró la mala relación entre dos poderes de la Unión y la incapacidad del Presidente de entablar un diálogo cortés, pero fructífero, con diputados y senadores.

Tan desaseada fue la reforma de 2008 –agregaron– que no trajo aparejado un cambio en la Ley Orgánica del Congreso, en cuyo artículo 7 permanece la obligación del presidente de presentar personalmente su informe anual.

Señalaron que afortunadamente la pluralidad política hoy existente en el país llegó para quedarse, pero para que la democracia tenga mejores resultados para la ciudadanía es necesario que el diálogo entre poderes sea horizontal y respetuoso, pero veraz, firme y cotidiano.

“Por ello, con la presente iniciativa, lo que se pretende es enriquecer la información que la sociedad mexicana tiene derecho a recibir sobre el estado auténtico de la administración, más ahora que hemos perfeccionado el Sistema Nacional de Transparencia con la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, puntualizaron.

Aclararon que por supuesto debe mantenerse la obligación presidencial de presentar el informe por escrito porque en él se plasman datos que denotan los resultados de las decisiones presidenciales, pero ello no debe eximir al presidente de presentarse ante el Congreso y dar un mensaje de cara a los ciudadanos para incluso responder a cuestionamientos de las y los legisladores en un acto eminentemente republicano.

Esto implica que el Congreso Mexicano evolucione a fin de configurarse como uno de los poderes esenciales de un sistema presidencial con características e instrumentos parlamentarios, en donde el diálogo entre poderes, la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo y la fiscalización de las tareas y del uso de los recursos públicos del Ejecutivo se fortalezcan.

La propuesta, entonces, es que el presidente presente por escrito su informe en cada apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año –lo que actualmente sucede el 1 de septiembre– y que posteriormente acuda ante el Congreso a exponer lo fundamental de ese documento.

Dicha presentación debe servir para un intercambio de opiniones con las y los legisladores. En sesiones subsecuentes continuaría la glosa y el análisis del informe.