Acusan voracidad inmobiliaria en tierras forestales y turísticas

GUADALAJARA, JAL., 24 de mayo de 2019.- El Valle de San Luis Potosí, así como gran parte de los municipios turísticos del estado, se han vuelto un manjar suculento para las empresas inmobiliarias que especulan con el suelo y despojan a gente de escasos recursos de ejidos, bienes comunales y pequeña propiedad, en perjuicio grave de los ecosistemas, denunció el activista de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (Cocihp), Rogel del Rosal Valladares.

El activista denunció que las empresas están coludidas con los gobernantes en turno de los tres niveles y lo ocurrido en la Sierra de San Miguelito pareciera la prueba viviente de estas viejas prácticas.

“La lucha de los comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito merece la solidaridad de la sociedad frente a la voracidad de las empresas inmobiliarias que pretenden apoderarse de sus tierras, ubicadas precisamente donde desde hace un mes se ha propagado un incendio devastando gran parte de su superficie forestal”, manifestó Del Rosal.

Ante ello, explicó que dicha voracidad deberá frenarse mediante la elaboración de un plan de restauración de los ecosistemas de la sierra a manos de los comuneros con el apoyo técnico de las universidades y la sociedad civil organizada.

“Exigiremos que se respete la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable en el sentido que cuando los recursos forestales sufren algún incendio, la prioridad es restaurar los ecosistemas y los ayuntamientos no deben autorizar cambio de uso del suelo”, recalcó.

Del Rosal pidió investigar las responsabilidades de los funcionarios públicos que actuaron con negligencia en vez de hacerlo con oportunidad y aplicarles sanciones.

“En la nueva Ley General de Aguas, así como en la correspondiente del Estado de San Luis Potosí, debe incluirse que en las zonas donde los acuíferos están sobreexplotados no debe autorizarse cambios de uso del suelo para crecimiento urbano y que en las áreas de recarga de acuíferos quede prohibida su urbanización”, indicó.

Asimismo, se deberá poner en el centro la satisfacción del derecho humano al agua, la restauración de los ecosistemas y la producción alimentaria, pero también sancionar y cancelar permisos a quienes contaminen el vital líquido.

Junto con ello, añadió Del Rosal, esta nueva ley debe propiciar una verdadera participación ciudadana y comunitaria en la planificación del uso de las aguas y cuencas, así como en su vigilancia y monitoreo. “De este modo la gestión de las aguas podrá transitar hacia un manejo sustentable que evite la corrupción y la contaminación”, finalizó.