Abusos y despidos amañados marcan llegada de IMSS Bienestar a San Luis

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 9 de febrero de 2024.- La federalización de los servicios de salud en San Luis Potosí bajo el esquema de IMSS- Bienestar trajo consigo una serie de irregularidades laborales para el personal que se desempeña en diversas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras, la exigencia de que enfermeros y enfermeras deban atender a más de 25 pacientes de manera simultánea durante su turno, la precariedad en el abasto de medicamentos e insumos -que incluso terminan pagando de su bolsa- y el acoso de coordinadores, jefes de área y jurídicos cuando alguien protesta por estas anomalías, al grado de manipular información administrativa o laboral para despedirlos en condiciones poco o nada lícitas.

Esa es la historia de Sandra Alemán Arellano, madre de familia y enfermera con una antigüedad de 14 años en el IMSS, cuyo nombre se viralizó a inicios de la pandemia de Covid 19 porque fue blanco de una golpiza a causa de la psicosis que había contra el personal médico; tras haber pasado por todas las áreas y luchado arduamente durante la crisis sanitaria que dejó a San Luis Potosí con siete mil 731 muertes, el Instituto que dirige Zoé Robledo Aburto en México y presume buscar un esquema de salud al nivel de Dinamarca, busca liquidarla con nueve mil pesos.

La afectada denuncia que, desde el mes de noviembre, justo cuando el otrora titular de los Servicios de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, fue nombrado Coordinador Estatal del Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, el hostigamiento aumentó al grado de no recibir el pago de su quincena sino hasta diciembre del año pasado, cuando le notificaron que llegó un cheque a su nombre por la cantidad de 82 pesos (una ironía: el 82 por ciento de la población pretende atender este esquema en el país).

“Ahorita ya no tengo nada que perder, esto me pasa por no quedarme callada con tanto abuso, porque la indicación es que no podemos decir nada, nada de quejarnos o pedir apoyo, si hablas te corren (…) cuando me dieron la golpiza en 2019 fui reprendida por mis jefes porque dijeron yo estaba dañando la imagen del IMSS al haber dado entrevistas sobre lo que me pasó; pero esto no puede continuar así sin que la gente lo sepa, yo no tengo nada en contra de los usuarios que no tienen seguridad social, si el Gobierno Federal considera importante apoyar a que reciban atención médica, está bien, pero que nos brinden las herramientas, las condiciones de trabajo adecuadas, la infraestructura para eso”, narró en entrevista con Quadratín San Luis.

Y continuó exponiendo, entre otras situaciones, que el personal de enfermería termina comprando medicamentos, cintas adhesivas, jeringas, alcohol, gasas y torundas para poder canalizar a los pacientes hospitalizados; “Ahora que fue lo del Covid, la enoxaparina, esa nosotros se la poníamos en el ombligo a los pacientes graves para expandirles la caja toráxica y pudieran funcionar bien sus pulmones, no había, desaparecían y nunca pudimos localizar quién o quiénes se las agenciaban”.

Si bien la insuficiencia de insumos es un problema histórico en el IMSS, la federalización que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador empeoró estas condiciones, al grado de que actualmente se han emprendido protestas del personal en Tamaulipas y Colima, donde tampoco cuentan con material ni infraestructura suficientes para dar atención a la cantidad de pacientes que ingresan en este esquema: son cerca de 53 millones de mexicanos, el 82 por ciento de la población del país.

En abril del 2023, López Obrador estuvo de gira en el municipio metropolitano de Soledad de Graciano Sánchez, SLP., para oficializar la llegada de IMSS-Bienestar a esta entidad, que se habría de sumar al sistema, junto a Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas, Ciudad de México, Baja California, Tabasco, Chiapas, Puebla y Estado de México.

En dicho acto oficial -flanqueado por el gobernador, Ricardo Gallardo y el titular de IMSS- Bienestar, Zoé Robledo- anunciaba por todo lo alto la inversión de mil 307.6 millones de pesos para equipamiento, rehabilitación, conservación y mantenimiento de las unidades médicas; presupuesto que está lejos de la realidad laboral que enfrenta el personal médico y administrativo en los centros hospitalarios.

Según el mandatario, para diciembre del 2023 contarían con una red de atención médica de 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud; pese a ello, hace una semana lo aplazó y asegura que para marzo del 2025 el sistema de salud IMSS-Bienestar estará operando en su totalidad de manera gratuita.

PRIVADA DE LA LIBERTAD Y ACOSADA EN SU CASA POR JURÍDICOS  DEL IMSS

“Vamos a llegar a un acuerdo con Jurídicos ahí en la Delegación, te prometo que se va a terminar este problema y el acoso que te traen, te reinstalan en la unidad para que ya te dejen trabajar tranquila”, fueron las palabras de un supuesto respaldo sindical en la voz de Carlos Portillo, secretario de conflictos seccional del estado.

La escena estuvo lejos de ser un acompañamiento solidario para volverse una trampa de complicidad sindical con el titular de Jurídicos en SLP, Mario Beltrán, y por aparentes instrucciones de Claudio Salazar, secretario general del Sindicato IMSS en San Luis, en ese espacio fue amenazada y no le permitían la salida, incurriendo en la privación ilegal de la libertad.

Sandra narró cómo fue ingresada en una oficina, incomunicada (le quitaron su teléfono) y presionada a niveles inenarrables para lograr que firmara un documento de renuncia, al no conseguirlo, han incurrido en otra ilegalidad buscándola en su domicilio particular para tratar de obligarla; el argumento inicial fue que no habían ingresado correctamente una licencia de 15 días que solicitó en el mes de julio de 2023, hace más de medio año y la cual fue firmada entonces por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como por el jefe de personal.

El 5 de enero de 2024 le negaron el acceso a su lugar de trabajo: “por parte del jefe de personal nos dice que usted ya no puede entrar, usted va rescindida porque no se le autorizó la licencia”, y así las trabajadoras de confianza no le permitieron el acceso, no recibió ninguna notificación por escrito y mucho menos llegó Jurídicos para informarle que estaba rescindida por la licencia que no capturaron en el sistema, al parecer de manera premeditada.

Al llegar a la delegación, Portillo le dio la espalda, no habló, no la defendió y mucho menos hizo algo para que ella pueda conservar el empleo que le permite cubrir las necesidades de una familia; en lugar de eso, le pidieron una serie de documentos personales con la intención de terminar de rescindirla, la oferta final era de nueve mil pesos, por 14 años de trabajo.

Y no es el único caso, pues afirma que hay otros trabajadores que no alzan la voz por temor a perder su puesto, a pesar de que no les pagan y mucho menos les dan el material necesario para atender tanta demanda.

“Reitero que no tengo nada en contra de la población, pero al final la realidad está detrás, donde nosotros somos los afectados porque no nos responden con lo necesario, te atreves a reclamar y pedir los insumos, y estas son las consecuencias, que te quieran dejar sin trabajo”, expuso.

Finalmente, Sandra hizo un llamado para que las instancias correspondientes a nivel Federal, empezando por el titular Zoé Robledo y el propio presidente López Obrador, no permitan estos atropellos contra la base trabajadora, pues es la que se encargará de sostener un nuevo sistema con todo y las adversidades presupuestales.