De acuerdo a información de un comunicado, las políticas de vivienda no pueden ser un motor generador de inequidad; tenemos que incorporar visiones novedosas, incluir a las personas en decisiones arquitectónicas que afectarán sus vidas, y diseñar esquemas de financiamiento accesibles para personas en pobreza. La vivienda debe ser un instrumento de inclusión, no una barrera de segregación, dijo.
Al participar en el Seminario sobre Ciudades Pequeñas y Transformaciones Territoriales en México, efectuado en las instalaciones del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, en Ciudad Universitaria, la Titular de la SEDATU destacó la importancia de promover una discusión sobre el vínculo entre los rural y lo urbano, y particularmente el papel de las pequeñas ciudades y ciudades medianas en el desarrollo del país.
“Tenemos frente a nosotros la oportunidad de promover ciudades pequeñas y medianas que nos ayuden a poner orden en el territorio y a controlar el expansivo crecimiento urbano”, dijo.
Explicó que en treinta años (de 1980 a 2010), la población urbana se duplicó, pero el territorio urbano creció siete veces, en gran medida sobre suelo en propiedad social que originalmente era rural.
Este crecimiento urbano desordenado ha generado una serie de problemas para la población, no solo en términos de traslados, sino también por la falta de certeza jurídica y la calidad de servicios que recibe.
Detalló que hoy en día estamos en una etapa donde nuevos polos de desarrollo se están creando que a partir de la inversión generarán pequeñas ciudades o zonas urbanas.
“La relación entre estos polos y las ciudades pequeñas o medianas que las rodean es muy importante porque se crean espacios de convivencia y desarrollo armónico”, afirmó.
Por ello, destacó, en la SEDATU trabajamos para que los perímetros de contención urbana estén actualizados y se controle el crecimiento desordenado.
Dijo que la Secretaría y el INEGI trabajan en un proyecto sobre la nueva Regionalización Funcional en México, que permite contar con una metodología y una serie de mapas para estudiar el territorio nacional a partir de dinámicas económicas y sociales de la población, y que “me parece puede ser una herramienta para la planeación de las ciudades pequeñas y medianas”.
Ante académicos y especialistas del tema que presentaron los resultados de los trabajos de la Comisión de Ciudades Pequeñas y Medianas del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), la Secretaria destacó que la meta es fortalecer el arraigo, contribuir a mejorar las condiciones laborales, regularizar las propiedades, construir la infraestructura necesaria y edificar viviendas dignas, pero sobre todo, construir hogares y ciudades incluyentes y resilientes.
En su oportunidad, Julio Berdegué, Coordinador del Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo del RIMISP, aseguró que aún con las nuevas definiciones y criterios, la población de las zonas rurales disminuye rápidamente en términos relativos y en muchos países, también en términos absolutos.
“En proporción a la población total, el descenso de la población rural latinoamericana ha sido una constante de muy larga data. Ningún país de la región escapa a estas tendencias y dada la evolución de las tasas de fecundidad, mortalidad y migración, es muy improbable que se modifiquen”.
En tanto, Cassio Luiselli, secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural México, hizo énfasis en los cinco principales efectos negativos del cambio en las ciudades pequeñas,tales como la precarización del empleo; la desigualdad territorial y concentración de la riqueza en regiones; los supermercados que evitan la oferta local; la presión sobre recursos y ecosistemas y la gobernanza territorial efectiva.
La Titular de la SEDATU explicó que para detener la expansión desordenada, se conformó el Programa de Consolidación de Reservas Urbanas mediante el otorgamiento de apoyos presupuestarios al suelo intra–urbano con bajo riesgo y con factibilidad para uso habitacional con mayor densidad, en el cual se edifique vivienda social digna y sustentable dirigida a la población con ingresos de hasta cinco veces el salario mínimo.
