Impulsan diputados de 5 partidos iniciativa a favor de niños abandonados

El perredista Jesús Valencia Guzmán, la priista Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, la panista Rocío Matesanz Santamaría, Norma Edith Martínez Guzmán (PES) y la verde ecologista Daniela de los Santos Torres, impulsan en conjunto una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicha propuesta establece los parámetros mínimos que deberán observar las autoridades competentes a nivel nacional y en las entidades federativas, para que menores ejerzan su derecho a vivir en familia mediante una adopción plena, a través de un procedimiento seguro y ágil, el cual será irrevocable.

De acuerdo al Centro de Estudios de Adopción, al cierre de 2015 el número de niñas y niños sin cuidados familiares en el país rondaba en 30 mil 368.

Resultado de la suma de voluntades de los legisladores de las citadas fuerzas políticas y de conformidad con la Declaración de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959, la iniciativa expone que la protección especial que necesitan los menores para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y socialmente, en condiciones de libertad y dignidad, implica su debida protección legal.

Al ser este grupo etario la población más vulnerable, Valencia, Gamboa, Matesanz, Martínez y De los Santos arguyen que una vez más desde el Congreso de la Unión se da prioridad a brindar mayor protección a niñas, niños y adolescentes que viven en desamparo familiar.

Con base en lo anterior, consideran preciso reformar y adicionar la ley a efecto de que diversos órdenes de gobierno establezcan políticas para que niños y adolescentes permanezcan en su entorno familiar y, en su caso, sean atendidos a través de las medidas especiales de protección.

Los que se encuentran en situación de desamparo familiar sean reintegrados con su familia y, en su defecto, sean incorporados a una familia mediante la adopción a través de un procedimiento seguro y ágil.

Los sistemas DIF mantengan estrecha comunicación, intercambiando información, a efecto de materializar el derecho a vivir en familia; con ello, se dé certeza jurídica a expósitos y abandonados para ser reintegrados a núcleos familiares.

Además, investigar su origen para reintegrarlos a su núcleo familiar siempre y cuando no les represente un riesgo. Integrado el expediente, la autoridad competente emita su opinión para la expedición del certificado de idoneidad en un plazo máximo de 45 días naturales.

Dichos dictámenes de idoneidad tendrían validez en todo el territorio nacional, independientemente del lugar donde hayan sido expedidos.

Por último, expósitos o abandonados no requieran un juicio de pérdida de patria potestad para poder ser adoptados.