El parlamentario federal perredista recordó que reiteradamente quienes trabajan para ese tipo de empresas protagonizan incidentes en los que generalmente la seguridad e integridad de ciudadanos resultan afectadas.
Muchas de esas empresas prestan sus servicios en la informalidad, es decir, al margen de la ley y de las obligaciones que ello conlleva, como los de capacitación, profesionalización e, incluso, respeto a los derechos laborales de sus elementos.
Consideró que la multiplicación de este tipo de prestadores de servicios, tanto formales como informales, es otro reflejo de la ineptitud gubernamental para asumir y cumplir eficazmente sus funciones en materia de seguridad, a grado tal que, en los hechos, el Estado Mexicano comparte el monopolio del uso de la fuerza con ellas y –lo más grave- con la delincuencia organizada.
Refirió el reciente caso del guardaespaldas de un supuesto empresario que golpeó, amenazó y robó a un automovilista por un incidente de tránsito que, tras ser identificado y exhibido públicamente, fue conocido como el guarura del Lord del Ferrari, por ser ésta la marca del vehículo en que viajaba el patrón, Alberto Sentíes Palacios.
Aunque están por aclararse los antecedentes del patrón, del escolta y las causas del fallecimiento de éste –dijo Ortega Álvarez–, es evidente que sólo es un caso de los miles de guardias de seguridad privada, algunos incluso con entrenamiento militar en el extranjero, que actúan en territorio nacional al margen de la ley, con impunidad o, paradójicamente, en total desprotección de sus derechos por falta de un control efectivo sobre ellos y los patrones para los que trabajan.
Otro ejemplo de simbiosis entre criminalidad y cuerpos de seguridad es el de quienes entre octubre y noviembre de 2015 secuestraron, asesinaron, descuartizaron y calcinaron a seis jóvenes de Puebla porque éstos habrían participado en el robo a familiares de su patrón, Jorge Aduna Villavicencio, robo del que no se presentó denuncia alguna, según dijeron autoridades de la entidad.
También es el caso de elementos de seguridad privada del Estado de México que, de acuerdo con denuncias de organizaciones protectoras de Derechos Humanos, abusan de migrantes en colusión con autoridades locales y federales.
Ortega Álvarez consideró de por sí grave que el Estado Mexicano y sus órganos de gobierno sean incapaces de cumplir una de sus principales razones de ser, que es brindar seguridad a sus ciudadanos, pero lo es más aún que, ante el hecho de que la delincuencia le disputa y arrebata el uso de la fuerza, además cedan voluntariamente su atribución a particulares sin reglamentación ni control alguno.
De este modo, la presencia e impunidad de empresas de seguridad se ve favorecida por un gobierno que ha sido incompetente en su intentona por frenar la violencia en el país, a pesar de que año con año demanda miles de millones de pesos adicionales para seguridad pública.
Esta incompetencia gubernamental ha propiciado que en el país actúen cerca de 10 mil empresas de seguridad privada, de las cuales sólo la décima parte tiene registro ante la Secretaría de Gobernación y autorización para actuar en dos o más entidades. Otras tres mil poseen permisos estatales, pero sin regulación real.
Las cifras se tornan alarmantes de resultar cierto que, según la Confederación Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Similares, el total de los elementos contratados en empresas formales como informales duplica al total de policías estatales y federales de México.
“La problemática es enorme, no sólo por el número sino por los estragos en el tejido social que genera”, alertó el parlamentario, quien por ello también pidió a la Secretaría de Gobernación, a través de una propuesta de punto de acuerdo, dar a conocer la información que tenga sobre esta materia, en tanto a las procuradurías generales de justicia, en particular las de Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México, realizar sus pesquisas con perspectiva de Derechos Humanos en torno a las situaciones en las que estos elementos han participado.
