Desde hace tiempo se ha considerado dividir las dos delegaciones más pobladas en cuatro como son los casos de Iztapalapa y Gustavo A. Madero. A esto, se podría añadir el Centro Histórico, tal y como ocurre con otras ciudades capitales sudamericanas y europeas.
La fracción VI del artículo 122 de la Constitución federal establece que la división territorial de la ciudad de México, para efectos de su organización administrativa, así como el número, denominación y límites territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución local.
Las jefaturas delegacionales serán sustituidas por alcaldías que serán órganos político administrativo que se integrarán por un alcalde y por un concejo electo por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución local.
Se establece que en ningún caso el número de concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales. Todo dependerá del número de población que se gobernará.
Sin embargo, desde una perspectiva académica, la Asamblea Constituyente, al analizar algunos retos y riesgos que podrían plasmarse en el contenido de la próxima Constitución local, debe tomar en cuenta la visión que se tiene respecto al llamado “Municipio libre” y tomar en cuenta las funciones que tiene cada uno de los integrantes de los cabildos, incluyendo la fiscalización.
El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas, sostuvo que en la medida en que se abran los contenidos y se explique a la ciudadanía lo que significará contar con una Constitución propia, habrá mejores niveles de participación en los gobiernos municipales y ello coadyuvará a revertir obstáculos como el desinterés ciudadano, los pocos medios para informar y los tiempos apretados para su ejecución.
En ese sentido, otro académico, Arturo Alvarado, investigador del COLMEX, consideró que la Constitución de la ciudad de México “es un área de oportunidad para reglamentar el nuevo orden de gobernanza interno hacia la creación de las nuevas alcaldías y mejorar las prácticas que actualmente se realizan en las delegaciones. Es un buen momento para que todas y todos los ciudadanos logren un cambio, evitar que se vuelvan a reproducir todos los vicios de gobierno y combatir estos problemas en las políticas públicas”, destacó.
En cambio, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, señaló que la Constitución de la ciudad de México deberá considerar los preceptos generales que contienen las de los estados, incluyendo la autonomía municipal, pero también todos los avances sociales alcanzados en la capital en los últimos años.
Desde la visión de senadores y diputados federales, la nueva Constitución capitalina debe replicar todo lo inherente a los municipios y que están plasmados en el artículo 115 de la Constitución federal.
Por su parte, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Areli Cano Guadiana, dijo que hay ” que cuidar que en la Constitución local también se llegue a esa situación de desglose. Creo que ha sido una consideración social y política llegar a ese desglose, dadas las resistencias gubernamentales. Se debe cuidar que se aterrice adecuadamente lo que dice la Constitución General y ni un paso atrás en lo que ya está regulado”.
La comisionada Cano Guadiana recordó que, en materia de rendición de cuentas, la mayoría de las constituciones locales tienen plasmado ese concepto como principio, por lo que se requiere aterrizarlo en una acción concreta, en la garantía transversal de los derechos de los ciudadanos.
“Algunos estados lo están reglamentando a través de una acción punitiva, y volvemos a ver, otra vez, la responsabilidad de funcionarios públicos, desde un punto de vista sancionatorio, sin tomar medidas previas de lo que significa ser un funcionario público responsable. Entonces hay que cambiar ese concepto de responsabilidad”, propuso la funcionaria federal.
Al respecto, el diputado Leonel Luna Estrada, coordinador de la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa, al presentar las conclusiones de su Reunión Plenaria, de la cual derivaron 27 líneas estratégicas que se traducirán en iniciativas de ley durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, hizo un llamado a todos los partidos políticos a sumarse a los trabajos a favor de la ciudad de México, al recordar que un parlamento requiere de acuerdos y consensos para fortalecer la vida democrática.
En este sentido, el también presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF indicó que de los 27 compromisos del PRD rumbo a la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México destaca la consolidación del Sistema Anticorrupción y el fortalecimiento de la transparencia para que las y los servidores públicos, así como candidatos a un puesto de elección popular, presenten su declaración patrimonial, financiera y de conflicto de intereses de manera obligatoria.
La diputada local Vania Ávila García, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, presentó un exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución Política de la ciudad de México, a fin de elevar a rango constitucional los principios e instrumentos de la democracia participativa, reconocidos en la Ley de Participación Ciudadana vigente en la capital.
Dijo que “la participación ciudadana en los asuntos públicos profundiza el ejercicio de la democracia al promover espacios de interacción entre los ciudadanos y el Estado, por lo que es necesario garantizar los instrumentos que permitan fortalecer la democracia participativa en la primera Constitución de nuestra capital” y que se vean reflejados en las decisiones que se tomen en cada uno de los municipios capitalinos, a través del consenso en los cabildos y no en una decisión unipersonal de los alcaldes, tal y como actualmente ocurre con los jefes delegacionales.
