El 12 de agosto de 2013 la CNDH recibió una queja en la que se señaló que el día 6 de dicho mes y año, policías estatales y elementos de la Secretaría de Marina, se introdujeron al domicilio de las víctimas, sin orden de cateo ni consentimiento de sus moradores, y los golpearon, para posteriormente llevarlos a otro lugar, sin mostrar documento alguno que justificara su detención, en donde fueron objeto de actos de tortura física y psicológica.
Dos días después de estos hechos, uno de los agraviados fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal quien inició la averiguación previa correspondiente, en la que consta la certificación de diversas lesiones que el agraviado presentaba en su cuerpo; en tanto que la otra agraviada fue dejada en libertad por dichos elementos aprehensores ese mismo día por la noche, después de haber estado sujeta a actos de tortura psicológica.
Por estos hechos, la CNDH radicó el expediente CNDH/5/2013/6128/Q, y a fin de documentar las violaciones a derechos humanos, personal de este Organismo Nacional realizó diversas diligencias para recopilar información, testimonios, fotografías, dictámenes médicos y psicológicos, y demás documentales que permitieran determinar la queja respectiva.
Una vez concluida su investigación, la Comisión Nacional encontró elementos suficientes que acreditaron violaciones a los derechos humanos de los dos agraviados, quienes fueron objeto de detención arbitraria, retención ilegal, allanamiento de su domicilio y sujetos a actos de tortura en su integridad física y psicológica, atribuibles a elementos de la Semar.
Por ello, la CNDH pide al titular de la Secretaría de Marina se les repare el daño a los dos agraviados derivado de la responsabilidad del Estado, en términos de la Ley General de Víctimas, y se les proporcione atención médica y psicológica.
Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja que este Organismo Nacional formule ante la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina, respectivamente, a fin de que se investigue a los servidores públicos federales que intervinieron en los hechos.
También solicita, de acuerdo con la Recomendación, que se imparta un curso en materia de derechos humanos a los elementos de la Semar destacamentados en el estado de Veracruz a fin de evitar subsecuentes detenciones o aprehensiones arbitrarias o ilegales, así como actos de tortura, y se les exhorte a dar efectivo cumplimiento de las directivas de esa dependencia, relacionadas con la protección de los derechos humanos, incluida su actualización.
Por último, que la institución colabore en el seguimiento e inscripción de ambas personas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que prevé la citada Ley General de Víctimas.