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BRASIL, 31 de agosto de 2018.- El juez de la corte electoral brasileña Luis Roberto Barroso, instructor del caso que analiza si Luiz Inacio Lula da Silva puede presentarse a los comicios de octubre próximo, votó a favor de la impugnación de la candidatura del exmandatario.
Barroso, que también es juez de la Corte Suprema, es el primero de los siete jueces del plenario del Tribunal Superior Electoral (TSE) en votar durante la sesión extraordinaria de este viernes, que debe decidir si el exmandatario puede ser o no candidato a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores (PT).
“Yo nunca deseé ni pretendí estar aquí”, dijo Barroso, quien aseguró que la Ley de la Ficha Limpia impide ser candidato a Lula da Silva, quien está en prisión tras ser condenado a 12 años y un mes de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
La Ley de Ficha Limpia, que el propio Lula da Silva aprobó durante su segundo mandato (2007-2010), señala que un condenado por corrupción en segunda instancia por un tribunal colegiado no puede ser candidato, ya que está inhabilitado por ocho años.
Barroso dio un plazo de 10 días al PT para que nombre a un candidato sustituto de Lula da Silva –que se prevé podría ser el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad- y vetó el uso de la imagen del expresidente en la propaganda electoral gratuita en radio y televisión.
Minutos antes, la fiscal general del Estado, Raquel Dogde, reiteró, como hizo en su solicitud del pasado 15 de agosto, “la petición de impugnación” de la candidatura de Lula da Silva.
Los abogados de Lula da Silva, por su parte, evocaron la decisión emitida el pasado 17 de agosto por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que pidió a Brasil que permitiera a Lula da Silva “ejercer sus derechos políticos mientras está en prisión”.
Formado por expertos independientes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a “Brasil que tome todas las medidas necesarias” para que Lula da Silva pueda tener “acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político” como “candidato a las elecciones de 2018”.
“Esta decisión marcará la historia del derecho internacional brasileño”, afirmó Maria Claudia Bucchianieri, abogada del expresidente.
Barroso, por su parte, respondió que Brasil “no está obligado” a seguir la recomendación del Comité de la ONU.
“Brasil es un estado de derecho democrático, no está bajo un régimen militar o de excepción, y todas las instituciones están en funcionamiento normal”, aseveró el juez.