GUADALAJARA, Jal., 9 de agosto de 2019.-La constructora OHL, quien obtuvo el mes pasado la adjudicación de la licitación para construcción la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá de Estación San Isidro hasta lo que será la Estación Villa Zaita, enfrenta demandas internacionales por corrupción, tráfico de influencia y soborno de sus directivos al gobierno panameño.

De acuerdo con las acusaciones, Eugenio del Barrio y Julio Casla habrían accedido a hacer delaciones contra exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, a cambio de recibir la adjudicación de la obra panameña la cual tiene un costo de 200 millones de dólares.

Esta maniobra involucraría al gobierno del presidente Juan Carlos Varela y a la procuradora general de Panamá, Kenia Isolda Porcell Díaz, quien se encargaría de formular los alegatos contra los exfuncionarios de Martinelli. Porcell fue nombrada en su cargo por Varela.

El caso inició el 20 de julio de 2018 cuando se publicaron las normas para participar en la licitación para construir la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá – Villa Zaita.

En el proceso de licitación participaron cuatro consorcios, pero el integrado por el Grupo OHL-Mota Engilo habría sido declarado ganador el pasado 24 de mayo de 2019, pero el acto de adjudicación fue suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, tras admitir un reclamo presentado por el Consorcio Villa Zaita, debido a irregularidades en la propuesta.

El consorcio que reclamó está formado por las empresas brasileña Norberto Odebrecht, la española FCC y la mexicana Operadora Cicsa, S.A, aunque posteriormente el consorcio integrado por Acciona y Power China, presentó otro reclamo.

El 23 de julio de 2019, luego de las delaciones contra exfuncionarios de Ricardo Martinelli difundidas por Eugenio Del Barrio y Julio Casla, el consorcio integrado por el grupo OHL y Mota-Engil se adjudicó la licitación para la extensión del proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá.

Corrupción fuera de Panamá

Uno de los casos de corrupción por parte de la empresa OHL se originó en su natal España a finales de marzo, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a OHL mediante su subsidiaria, EyM Instalaciones, S.A., con 118 millones de euros ($133.4 millones de dólares) acusada de crear cárteles y falsear la competencia en los concursos públicos para la construcción del tren de alta velocidad, conocido como el AVE y del tren convencional.

Mientras tanto en Qatar, la empresa OHL, que tiene más de 100 años de presencia en el mundo de la construcción, a mediados de abril la fundación encargada del Hospital de Sidra demandó a la compañía ante la Corte de Arbitraje de Londres por la suma de 1,134 millones de euros ($1,282.8 millones de dólares), debido a que un tribunal determinó varios laudos arbitrales.

Debido a este segundo reclamo que inició en 2014 con una reclamación de casi 800 millones de euros ($90.4 millones de dólares) y a la fecha disminuyó a 364 millones de euros ($41.1 millones de dólares), los representantes de OHL Panamá indicaron que la obra es un proyecto ejecutado al 95% por la JV OHL (55%) y Contrack Cyprus (45%) para Qatar Foundation.